Pasadas dos décadas, al fin las autoridades anuncian el pago electrónico en el transporte público. Desafortunadamente, no es el que necesitamos. Los usuarios podrán pagar con tarjetas de débito y crédito o mediante celulares inteligentes equipados con un monedero electrónico, pero también con efectivo.
Mientras el efectivo sea aceptado no habrá modo de medir el número de pasajeros con la precisión necesaria para garantizar la justa fijación de tarifas. El efecto benéfico del cobro electrónico depende de su uso exclusivo, no de adoptarlo como medio de pago alternativo.
Cientos de miles de personas, muchos de escasos recursos, utilizan el transporte público a diario para satisfacer necesidades esenciales de desplazamiento. Ofrecerles una tarifa justa, no manipulada, es indispensable en un servicio regulado porque se explota sin competencia, en rutas establecidas por el Estado y explotadas por concesión. Las consecuencias de no contar con información objetiva y precisa son de gran impacto social y económico.
La fijación de tarifas está a cargo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), pero depende de una larga serie de datos. Entre ellos, la demanda es el más incierto. El cobro electrónico permite registrar el número de usuarios y ofrece un parámetro objetivo para fijar tarifas, pero, mientras los transportistas estén autorizados para aceptar efectivo, no habrá certeza. Podremos saber cuántos pagaron con tarjeta y celular, pero el efectivo no deja registro.
Hace poco más de cuatro años, la Aresep contrató un estudio de la demanda al Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica. El examen identificó grandes discrepancias entre el número de usuarios reportados por varias empresas para la fijación de tarifas y la cantidad de pasajeros observada por los investigadores.
Si los hallazgos de Produs hubieran sido la base para fijar tarifas, los usuarios pagarían mucho menos y el Estado contaría con mejores ingresos tributarios. El estudio apunta inequívocamente en esa dirección, pero solo la práctica cotidiana de un sistema eficaz de medición revelaría la verdad de las tarifas de transporte público.
Buena parte de la población no está bancarizada, pero en todo el mundo existen las tarjetas prepagadas. En Costa Rica no serían novedad. Las tarjetas Kölbi se comercializan en todas las pulperías y la posibilidad de entregar el negocio al Instituto Costarricense de Electricidad, para aprovechar esa experiencia, siempre fue parte de la discusión. Por otro lado, las entidades financieras podrán ofrecer medios de pago recargables, pero nada eliminará la incertidumbre creada por el efectivo.
El cobro electrónico enfrenta una feroz resistencia de amplios sectores del empresariado del transporte. Durante años consiguieron impedir la implantación del mecanismo. El sistema híbrido recientemente anunciado es una nueva victoria para ellos, sin contar el tiempo todavía necesario para su adopción gradual. El cobro electrónico comenzará en los trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en el 2021. Si todo marcha bien, se pondrá en práctica, paulatinamente, a partir de setiembre en rutas urbanas de San José y sus alrededores.
La derrota de los mejores propósitos parece inevitable. Sin embargo, la puerta queda entreabierta con la incorporación de los medios de pago electrónicos a lo que hasta ahora es un reino exclusivo del efectivo. Es necesario seguir insistiendo y mejorar las capacidades de regulación.