El Informe Estado de la Nación 2017, divulgado oficialmente el martes por el programa del mismo nombre, presenta un panorama contrastante, de algunos avances y serias debilidades, en la evolución social del país. Se concentra en los indicadores del 2016, como corresponde a su secuencia anual, pero también analiza tendencias y desafíos a más largo plazo. La síntesis es que, si bien algunos de los primeros mejoraron, también presentan una alta vulnerabilidad; además, por su alto costo, dispersión y compleja administración, será muy difícil sostenerlos en un contexto de crisis fiscal.
Tal como señala el documento, no existen soluciones fáciles para resolver este enorme desafío; sin embargo, resulta evidente que, en la base de una mejora sostenible, deben estar, al menos, tres tipos de avances de carácter estructural. Uno, aumentar el dinamismo en la creación de empleo, que solo será posible si se genera mayor conexión entre el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo; otro, directamente vinculado con el anterior, es reducir la informalidad del mercado laboral; un tercero debe ir dirigido a reducir la desigualdad en los ingresos autónomos, que ha crecido con lentitud, pero sin pausa, durante los últimos años. A la vez, los datos demuestran lo importante que resulta una baja inflación para evitar que el incremento en el costo de los productos básicos deteriore sensiblemente la capacidad de consumo de la población más vulnerable.
En la columna de las buenas noticias, destaca una disminución en el porcentaje de hogares pobres. Entre el 2015 y el 2016 pasaron de 21,7 % a 20,5 % del total nacional, según el criterio de línea de pobreza (un mínimo de ingresos), y de 21,8 % también a 20,5 % si se considera un conjunto de 20 indicadores (pobreza multidimensional). Su reverso, sin embargo, es que los subsidios estatales contribuyeron en un 61 % a reducir la pobreza por ingresos, mientras que el valor de la canasta básica representó un 22 %; en cambio, los salarios apenas explican el 17 % de los 1,2 puntos porcentuales de mejora. En cuanto a la multidimensional, la baja de 1,3 puntos se debe, sobre todo, al mejor acceso a Internet, la capacitación y la educación.
Si se toman en cuenta los ingresos disponibles de los hogares incluyendo los subsidios, la desigualdad es razonablemente baja: un 0,403 de coeficiente de Gini, que mide la diferencia entre lo que reciben los más ricos y los más pobres (mientras más cerca de 1 esté, peor). Sin embargo, si se excluyen las ayudas y se toma en cuenta únicamente el ingreso autónomo, se eleva a 0,533, una cifra inquietante y que ha venido creciendo con lentitud, pero sin pausa, durante los últimos años.
Otra noticia con anverso y reverso es que la inversión social creció por quinto año consecutivo, aunque en el 2016 ligeramente por debajo de los cuatro precedentes. En ese año, en términos reales, se expandió en un 3,5 % con respecto al anterior. En colones corrientes, casi llegó a los siete billones (millones de millones) de colones, un promedio de ¢1,4 millones por cada costarricense. A pesar de tan enormes transferencias (o quizá debido a esa magnitud), su dispersión es muy grande: por ejemplo, el Fondo de Asignaciones Familiares financia 28 programas a cargo de 20 instituciones. Es una receta para las filtraciones, el descontrol y las duplicaciones.
El esquema descrito a grandes rasgos, y en el cual ahonda el informe, no será posible sostenerlo bajo ninguna circunstancia, pero menos en una coyuntura de crisis fiscal que no parece tener salida cercana. Incluso si lograra mantenerse, corremos otro serio riesgo: el de crear dependencias estructurales de muchas familias con respecto a los subsidios estatales, con graves perjuicios para ellas y, por supuesto, la Hacienda pública.
Lo que se impone, por tanto, es, de una parte, hacer esfuerzos más determinantes para mejorar la focalización, la eficacia, la evaluación y el rendimiento de cuentas sobre la utilización de la inversión social. En este sentido, es necesario que esté dirigida, sobre todo, a generar oportunidades de empleabilidad. Por otro lado, es necesario tomar acciones robustas para que los nuevos empleos se dirijan a los sectores formales, para lo cual no solo habrá que mejorar los controles, sino, sobre todo, facilitar los procedimientos para establecer empresas que cumplan las normas legales, y, conforme lo ha planteado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revisar los montos y distribución de las cargas sociales.
Las tareas son en extremo complejas; la coyuntura, poco propicia por las limitaciones fiscales. Pero la urgencia es cada vez mayor porque el riesgo de una rápida involución en las pequeñas mejoras de los indicadores se ha acrecentado.