Marta Acosta, contralora general de la República, habló claro ante la comisión fiscal de la Asamblea Legislativa. Sin ceder un ápice a las tentaciones de la demagogia, describió con valentía las medidas urgentes, y ciertamente dolorosas, en materia tributaria y de administración de los ingresos del Estado.
Para comenzar, calificó la reforma fiscal en trámite como “impostergable”. No hay margen para dilaciones, como lo viene diciendo el Ministerio de Hacienda. La prueba está en las dificultades ya experimentadas por el gobierno para cumplir sus obligaciones a finales de la administración pasada. Si el ajuste no lo hace el Congreso, lo hará la realidad con duras consecuencias, especialmente para los más necesitados.
Esa reforma impostergable no debe dejar de lado la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA), dijo la contralora. Ese tributo fortalece la gestión y la recaudación. En consecuencia, no aplicaría tasa cero a ningún producto, como lo pretenden algunos diputados en una mal entendida defensa de la población de escasos recursos. Esa población, precisamente, es la más beneficiada con el eficaz cobro de los impuestos y será la más perjudicada con la crisis que está a punto de estallar.
El IVA debe extenderse, además, a los servicios para responder a la evolución de la economía nacional, cada vez menos centrada en la producción de bienes. La falta de contribución del sector más dinámico de la economía es un absurdo totalmente injustificable. El IVA, con una base ampliada y sin exenciones capaces de romper la cadena de pago, es un elemento esencial de la reforma.
El criterio técnico de la contralora es incompatible con las fáciles salidas demagógicas. Por eso dijo, también, la verdad sobre otros aspectos polémicos, como la flexibilización de los presupuestos públicos. La reforma fiscal es “impostergable”, pero mejor no hacerla sin contemplar este otro aspecto, por el cual claman los ministros de Hacienda desde hace cuatro décadas.
Si el riguroso direccionamiento de la recaudación tributaria se mantiene, los nuevos impuestos serán absorbidos por los destinos específicos y nada se habrá logrado. La norma volvió al proyecto después de un desafortunado voto para eliminarla a finales de la administración pasada. La contralora insistió en la necesidad de conservarla, so pena de fracaso de todos los esfuerzos.
Dicho lo anterior, Acosta dejó claro el carácter parcial de la solución sometida a estudio de los diputados. El impacto de la reforma no será suficiente para garantizar la salud financiera del país. Por eso, la aprobación del proyecto de ley es antesala de las reformas estructurales necesarias, entre ellas la del empleo público.
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Entre los planteamientos de la Contraloría y los del Ministerio de Hacienda hay notables coincidencias. Los primeros señalan, con rigor técnico, el deber ser. La reforma fiscal en trámite y los cambios estructurales que les deben seguir son impostergables si el país quiere evitar una crisis de graves consecuencias. Los planteamientos de Hacienda constituyen una expresión de las necesidades inmediatas y un compromiso con acciones más profundas en el futuro inmediato. La fidelidad a ese compromiso decidirá el legado histórico de la administración Alvarado.
La coincidencia, por otra parte, es fácil de explicar. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, también fue contralora y desde ese despacho se contempla con claridad el barranco hacia el cual vamos dirigidos y los bueyes que tiran de la carreta: en un lado de la yunta la demagogia y, en el otro, los intereses sectoriales.