La administración de Luis Guillermo Solís dio al traste con la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, creada en el 2006, y descarriló la implantación del sistema de compras públicas diseñado para combatir la corrupción y ahorrar al Estado miles de millones. El empuje de la Secretaría se había hecho sentir en la administración aduanera, la vida cotidiana de personas necesitadas de tramitar pasaportes y licencias, el registro sanitario de productos y las proveedurías de instituciones que han adoptado el sistema de compras públicas, atrasado varios años, con un enorme costo, solo para cambiarle el nombre de Mer-Link a Sicop.
Disuelta la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, su gestora, Alicia Avendaño, fue trasladada a Radiográfica Costarricense (Racsa) con el título de directora de Nuevos Negocios e Innovación y con estrictas órdenes de mantenerse en silencio. Por años dejó de dar declaraciones públicas, como lo había hecho antes, especialmente en el curso de su valiente lucha por automatizar la gestión aduanera, con significativas mejoras de fiscalización.
En el juego de la burocracia y los intereses creados, el país ha perdido mucho tiempo y dinero. Otras naciones, de tamaño comparable, han conseguido desarrollar el Gobierno Digital con enormes beneficios, mientras los gobernantes costarricenses toman turnos para prometer la simplificación de trámites y, cuando mucho, consiguen pequeños avances.
El Gobierno Digital nada contra corriente. La digitalización mejora los controles, aumenta la transparencia, reduce márgenes de ganancia y cierra portillos a la corrupción. Elimina coimas y gavilanes, facilita la vida de los ciudadanos, estimula la competencia, rebaja precios e incrementa la calidad. El desorden es buen negocio para pocos y grave perjuicio para la sociedad.
Contra esas corrientes avanzó Avendaño, a quien el presidente, Carlos Alvarado, convocó para interesarse por un relanzamiento del programa de digitalización. Hablaron del futuro, pero desde las sombras, donde anidan los vicios del pasado, surgió un zarpazo inesperado. Sin el menor tapujo, con plena confesión del enojo porque Avendaño acudiera a la convocatoria del presidente, la gerencia de Racsa le anunció su destitución y nuevo nombramiento en el cargo de “profesional táctico”, con el 55 % de su salario y pocas posibilidades de contribuir al avance del país. Poco tardó un juez en emitir una medida cautelar para exigir la restitución de la funcionaria en su cargo.
El gerente, Francisco Calvo, reprocha, en la carta, la conversación de Avendaño con el presidente porque en Racsa “las cosas se hacen por medio de los canales formales”, “con conocimiento de las instancias que necesariamente deben conocer el tema y al menos hacer una valoración previa”. En suma, el presidente carece de autoridad para convocar a un alto funcionario a su despacho con el fin de informarse sobre un programa a su cargo.
No está claro quién inobservó el procedimiento impuesto por el estilo gerencial de Calvo, si fue el presidente al hacer la convocatoria por canales informales, sin consultar a las “instancias” que “necesariamente” debían estar informadas para ejercer su derecho a “valorar” la petición del mandatario, o si fue Avendaño al aceptar el “atropello” perpetrado por el presidente contra las extraordinarias potestades del gerente de Racsa. Está claro, en cambio, a quién se pretende sancionar.
También falta saber si el presidente Alvarado se cruzará de brazos mientras Racsa intenta cometer una injusticia que los tribunales seguramente impedirán y si la burocracia se saldrá nuevamente con la suya en el carnaval de celos e intereses creados que impide al país avanzar hacia la modernidad, la racionalidad y la transparencia.
Por lo pronto, hay profundos motivos de preocupación por el estilo gerencial de Calvo, comenzando por la torpeza de poner por escrito la objeción a que sus funcionarios den explicaciones al presidente y utilizarla como fundamento de una sanción. Igualmente inusitada es la cita de una supuesta disconformidad de la ministra de Economía con el desarrollo del Sistema de información Empresarial y las gestiones de Avendaño sobre el proyecto “Tramita Ya”, “donde de alguna forma se ha subestimado la participación del MEIC como entidad promotora”. La carta reclama a Avendaño haberle presentado la plataforma al presidente “sin contextualizar adecuadamente la participación del MEIC”.
A la ministra se le consultó sobre la veracidad de este otro ataque de celos, pero declinó comentar. En cualquier caso, no hay queja por escrito y Calvo dice haberla escuchado durante un encuentro casual con la ministra. Eso no obsta para que la invoque como parte de las causales de la sanción.
El presidente debe aclarar si se siente autorizado para pedir información a los funcionarios de su administración sin previo permiso o valoración de los jerarcas y sin riesgo para quienes cumplan su petición. La cuestión es fundamental porque se relaciona directamente con el ejercicio del control y la supervisión.