La ruta hacia el populismo autocrático, que mostró su amenazante rostro desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador, en junio del 2019, adquirió en días recientes una dinámica que cada vez se ve más grave e irreversible. Sus múltiples y profundas consecuencias negativas, de sobra visibles en lo político e institucional, están impactando también en otros ámbitos, particularmente el financiero. La entrada en vigor, el martes, del bitcóin como moneda de curso legal, sin estudios que respalden la medida y sin la preparación adecuada para ponerla en funcionamiento, revela hasta donde pueden llegar las ocurrencias de un mandatario autoritario y la complacencia absoluta de una Asamblea Legislativa en la que cuenta con abrumadora mayoría.
El más reciente golpe a la institucionalidad democrática fue doble. El viernes 3 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia validó la reelección presidencial consecutiva, cuya prohibición era considerada hasta entonces como una «norma pétrea» de la Constitución. A pesar de su discutible naturaleza y gravedad, la decisión, que abre el camino a una nueva postulación de Bukele, no fue para nada sorprendente. Los magistrados que la tomaron fueron nombrados en mayo por la Asamblea Legislativa, como parte de una maniobra estrictamente partidaria que incluyó, previamente, la destitución sumaria de los titulares. Además, se nombró entonces un nuevo fiscal general, también instrumento del Ejecutivo.
El martes 1.°, la súper mayoría legislativa con que cuenta el partido oficialista aprobó una reforma a la carrera judicial para establecer el retiro obligatorio de los jueces al cumplir 60 años de edad o 30 en ejercicio del cargo. Esto implicará el descabezamiento de buena parte de los más experimentados administradores de justicia y su segura sustitución por otros afines. Quedará, así, todo el poder judicial, desde la Corte Suprema hasta los juzgados, bajo un estricto control de Bukele.
Sumemos a lo anterior su enorme control legislativo, su creciente simbiosis con los cuerpos de seguridad, sus ataques sistemáticos contra la prensa, desdén por los partidos de oposición, campañas contra organizaciones de la sociedad civil, presiones sobre el empresariado y una retórica voluntarista y autoritaria incesante, y llegaremos a una clara conclusión: el presidente ha puesto en marcha una potente maquinaria para imponerse en las instituciones, las normas democráticas y el Estado de derecho. Lo peor es que, hasta ahora, lo está logrando con fulminante rapidez y que la arbitrariedad cada vez campea más como característica de su gobierno.
De esto es ejemplo la adopción, el martes 7, del bitcóin como moneda de curso legal, en la misma categoría que el dólar, instaurado por El Salvador en el 2001. Es el primer país del mundo en hacerlo. Más que una unidad de cambio estable o de ligeras fluctuaciones que, como tal, sirve para fijar precios y mantener la riqueza, el bitcóin es un activo especulativo. Su valor fluctúa constantemente y, por ello, su uso como unidad de cambio tiene altos riesgos. Convertirlo en moneda nacional es, en el mejor de los casos, un peligroso experimento; en el peor, una receta segura para la inestabilidad financiera, la ampliación descontrolada de la masa monetaria, el eventual estímulo al lavado de capitales y la inseguridad de los actores económicos.
La rapidez con que se puso la medida en vigor, desde su anuncio el 5 de junio en una conferencia sobre criptomonedas a la que asistió Bukele, hasta su ejecución tres meses después, es una razón de más para la incertidumbre. También, es reflejo de que no estamos ante una medida pensada, sino ante una ocurrencia que solo se ha materializado por el carácter autoritario del gobierno.
No en balde el Banco Mundial se negó a brindar asesoría para llevar a la práctica el proyecto, el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre los riesgos, la agencia calificadora Moody’s degradó el perfil de la deuda salvadoreña, ya de por sí sumamente bajo, y los tenedores de bonos entraron en una corrida para venderlos con grandes descuentos.
Qué más sucederá en el ámbito financiero y político es aún difícil de predecir en sus detalles, pero los augurios no pueden ser peores. La dictadura cada vez está más cerca y el descalabro económico no se puede descartar.