El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reiteró su jurisprudencia sobre la libertad de los medios de comunicación para organizar debates con candidatos a puestos de elección popular según el criterio profesional de las salas de redacción. Prácticamente no pasa un proceso electoral sin el intento de algún minúsculo partido de obligar a los periodistas a incluirlos en los debates o, en su defecto, privar al electorado de presenciar discusiones verdaderamente significativas.
Es imposible organizar un debate entre 25 candidatos, como bien lo sabe el TSE. Los suyos se dividieron en cuatro para acomodar a todos los aspirantes. El resultado son encuentros con bajísimo interés. No se puede obligar al público a interesarse por candidatos sin apoyo y sin atractivo, sobre todo, si se les presenta en medio de una multitud de siete, donde difícilmente se produce un intercambio intenso y dinámico.
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Por eso, la sintonía de los debates del TSE fue baja, de apenas 1,6 puntos de rating en promedio, cuando a la misma hora la novela Doctor Milagro rondaba los 17. Se trata de un ritual inevitable y hasta deseable para dar a quien se interese la oportunidad de ver a todos los aspirantes, pero nunca logrará un auditorio considerable. A falta de público, pasa aquello de la obra literaria engavetada. ¿Es realmente un poema?
Sin auditorio, ni interés ni oportunidad para debatir, el propósito de ofrecer información para la toma de decisiones se incumple. El limitado alcance de esos debates los convierte en una trampa a punto de cerrarse con el primer resbalón de un candidato. Son los errores los más propensos a encontrar el camino hasta los titulares de prensa, donde se produce el verdadero impacto del debate multitudinario. Igual quedan por fuera los candidatos sin atractivo y sin apoyo, pero el error de uno de los principales aspirantes no encuentra perdón. Las discusiones de fondo, en medio de la cacofonía, quedan opacadas porque el número no facilita el contraste o, simplemente, porque el candidato con quien interesaría hacer la diferencia está en otro grupo.
Los debates más significativos son los organizados por la prensa, particularmente la televisiva. Adulterarlos con la imposición de formatos, número de participantes u otras intromisiones es sumirlos en la misma esterilidad y, en determinadas circunstancias, hasta prohibirlos en la práctica.
Todo eso sin siquiera abordar las consecuencias más graves de la intromisión de los poderes públicos en las decisiones editoriales. La lesión a la libertad de prensa, por mucho que se le disfrace con una pretendida intención democratizadora, es inaceptable y abre el camino a otras interferencias.
Por eso, el elogio de la reiterada jurisprudencia del TSE no debe impedir el señalamiento de dos lamentables defectos. Por un lado, sujeta la libre organización de los debates al apego a algún criterio “objetivo”. No define tajantemente cuál, pero invita a discutir parámetros externos para la labor de los periodistas. Acreditar la “objetividad” de los criterios aceptables es el primer escollo e inevitablemente terminaría en la imposición de una opinión sobre otras. En este ciclo electoral, un medio decidió invitar a varios candidatos según su posición en las encuestas y añadió al aspirante oficialista por el mero hecho de serlo, pese a su pobre ubicación en los estudios de opinión. ¿Es ese un criterio objetivo? Pues sí, el medio estimó importante dar participación al candidato de gobierno y solo hay uno.
El segundo defecto es el irrespeto a la libertad editorial de los medios oficiales. Sus periodistas son tan profesionales como los de los medios privados y merecen la misma libertad de prensa. No hay motivo para limitársela por el solo hecho de trabajar para un medio estatal. Esa intromisión los condena a ser vehículo de los necesarios pero insulsos debates organizados por el TSE, en lugar de ofrecer otros puntos de vista, otros formatos y hasta distintos objetivos.
Mientras reconocemos el aporte del TSE a la libertad de prensa con su reiterada jurisprudencia a favor del respeto al criterio editorial, nos sentimos obligados a hacer votos por el fin de la indebida injerencia, también reiterada incluso en el reciente rechazo del amparo electoral interpuesto por uno de los candidatos con menos seguidores en la actualidad.