El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pagó $65 millones (¢40.500 millones) de más por el tramo central de la nueva carretera hacia San Carlos, dice un informe interno de la institución ahora declarado confidencial. La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Conavi produjo el informe hace 13 meses, pero la denuncia ante el Ministerio Público apenas data del 3 de agosto de este año.
En este caso, un motivo de asombro atropella al anterior para dejarnos estupefactos. La tercera parte de los $189 millones desembolsados por la vía de 30 kilómetros entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos es, según el propio Conavi, un sobreprecio. La obra tardó 15 años y la denuncia, 15 meses después de conocido el informe. Ahora, todo se declara confidencial y se le cierran a la prensa las fuentes de información necesarias para relatar al país lo sucedido.
Por lo pronto, sabemos que, según la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, no hay correspondencia entre lo facturado y lo pagado, especialmente en el rubro de excavaciones, donde la facturación supera en unos seis millones de metros cúbicos la obra constatada en el terreno, según el informe. El documento pide recuperar los $65 millones, de los cuales $50,2 millones corresponden a obras cuya existencia no consta y $14,8 millones, a obras dañadas o alejadas de las especificaciones técnicas del contrato.
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En suma, la construcción tardó demasiado, se pagó en exceso y, a fin de cuentas, no fue recibida de conformidad con lo pactado. El informe no señala responsables ni en el Conavi ni entre sus proveedores. La obra estuvo a cargo de la constructora Taiwán RSEA Engineering, que se retiró en el 2008 cuando Costa Rica rompió relaciones con ese país para establecerlas con China. El proyecto quedó a cargo de la constructora Sánchez Carvajal, subcontratista de los taiwaneses, hasta el finiquito del contrato, en agosto del 2018.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Conavi pidió comenzar un proceso administrativo o judicial para constatar los hechos y recuperar el dinero, pero se dejó pasar más de un año antes de dar ese paso. Lo relatado podría calificarse como un desastre administrativo, pero el dato más desconcertante son las advertencias recibidas desde el 2011 sobre diferencias entre los pagos y las excavaciones ejecutadas.
El consorcio Cacisa-Vieto, supervisor de la obra en el 2011, señaló en su informe final una diferencia de 3,5 millones de metros cúbicos entre la ejecución física y la financiera. Albert Sánchez, ingeniero encargado de la obra por Conavi, recibió el informe, pero no se volvió a saber de él hasta febrero del 2020, después de finalizado el contrato con Sánchez Carvajal.
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La tardía denuncia planteada por el Conavi al Ministerio Público no basta. Tampoco es suficiente establecer las responsabilidades penales y civiles de terceros si se constatan los hechos. La institución debe iniciar, sin más dilaciones, las investigaciones internas necesarias para establecer responsabilidades de sus funcionarios.
Si los hechos del informe son ciertos, no se puede dudar de la existencia de esas responsabilidades. El pago de $65 millones en exceso a lo largo de varios años no se logra sin la colaboración o negligencia de funcionarios. Lo dice la más elemental lógica, pero lo demuestra el caso Cochinilla. Mientras impere la impunidad, seguiremos teniendo carísimos motivos de asombro. El país no lo merece y tampoco comunidades como la de San Carlos, cuyos esforzados habitantes vienen necesitando la carretera, desde hace años, por motivos de economía y calidad de vida.