La calificadora de riesgo Fitch Ratings no confía en el proceso de consolidación fiscal costarricense tras los resultados de la elección de diputados el 6 de febrero. De las urnas salieron seis fracciones legislativas, y eso basta para poner en duda la capacidad de conseguir los acuerdos necesarios para mantener el rumbo.
La larga historia de desavenencias, confrontaciones y maniobras politiqueras se impone a los logros recientes, como la trascendental reforma fiscal del 2018 e incluso a otros ejemplos de acuerdo político, como el proyecto de solidaridad tributaria, malogrado por defectos de forma durante la administración Chinchilla.
En aquella oportunidad, el Congreso alcanzó un acuerdo suficiente para aprobar la iniciativa de ley, pero la Sala Constitucional encontró errores de procedimiento y ya no hubo tiempo para subsanarlos. El expediente sufrió constantes ataques de algunos sectores de la oposición, pero salió adelante gracias a un acuerdo entre el gobierno y un sector del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezado por el entonces diputado Ottón Solís.
En el 2018, con una configuración totalmente diferente y el PAC en el poder, la concertación en la Asamblea Legislativa salvó al país de una crisis. No habríamos llegado tan cerca de un descalabro si el plan de la administración Chinchilla hubiera prosperado; sin embargo, el Ejecutivo encontró la salida junto con el Congreso.
El acuerdo político se extendió a la ley de empleo público, cuya definitiva aprobación parece próxima. Un esfuerzo de revisión de las remuneraciones en el sector estatal se esbozó también durante la administración Chinchilla, pero no pasó de los preliminares porque se había agotado el espacio para negociar.
No obstante los tropiezos, que en buena medida justifican el escepticismo de Fitch y otras calificadoras de riesgo, el país ha demostrado capacidad de negociar acuerdos y tender puentes para resolver sus problemas en el marco de la institucionalidad existente. La próxima administración debe retomar el ejercicio desde el primer día.
Pese a sus seis bancadas, la nueva Asamblea Legislativa comenzará a sesionar con menos fraccionamiento. La tarea de estabilización de las finanzas públicas ya está avanzada y comienza a rendir frutos. Si bien parte de un punto bajo creado por la pandemia, la economía se recupera a buen paso. Hay buenas razones para mantener el rumbo, acelerar el ritmo y mejorar cuanto sea posible.
Según Fitch, los candidatos presidenciales de la segunda ronda hacen prever la continuidad de las macropolíticas, la consolidación fiscal, el programa de ajuste negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la atracción de inversiones; no obstante, la conformación del Congreso presagia el estancamiento político. No necesariamente será así, aunque la percepción, fundada en hechos de todos conocidos, tiene obvias consecuencias sobre la realidad.
Es preciso erradicar la percepción de disfuncionalidad apenas comience la próxima administración. La actual legislatura contribuirá a hacerlo cuando apruebe la ley de empleo público, ojalá por holgada mayoría. Una votación robusta señalaría la subsistencia y fuerza del acuerdo forjado. Si los diputados consiguen culminar también la trascendental reforma política de la reelección de alcaldes, un paso en el camino hacia la recuperación de perspectiva nacional en la política, la contribución sería doble.
Si la fragmentación de fuerzas políticas se ha entronizado y no se advierte un cambio en el horizonte, entonces, debemos aprender a administrarla para evitar la parálisis temida por Fitch, y superada, con buena voluntad y habilidad negociadora, en varias oportunidades de la historia reciente.