El Ministerio de Educación Pública (MEP) ofrece a los educadores cursos de perfeccionamiento y capacitación a los cuales pueden asistir en horas laborables. A partir de la reforma fiscal, esos programas no cuentan para elevar el puntaje aplicado a la carrera profesional para fijar pluses salariales.
El tiempo dedicado por los docentes al plan de formación permanente del MEP se les paga. Asisten a los cursos en lugar de desempeñar sus labores habituales, con el incentivo de perfeccionar y aumentar sus conocimientos. La oferta es atractiva no obstante el cambio legal, pero el número de educadores matriculados cayó de 57.000 en el 2016 a 24.000 en el 2019.
El interés de los 24.000 matriculados por mejorar sus capacidades pedagógicas es una estupenda noticia. Representan la mística y el deseo de superación merecidos por sus alumnos. No se puede esperar menos de un maestro. Su tarea, además de transmitir conocimientos, consiste en sembrar el amor por saber. Es una labor imposible si no parte de una convicción personal, expresada en la búsqueda constante del conocimiento.
Pero un grupo alarmante de docentes perdió interés por el perfeccionamiento en la materia cuando los cursos dejaron de influir sobre los aumentos salariales. La preocupación aumenta cuando se consideran las deficiencias de nuestro sistema educativo, muchas de ellas enraizadas en la mala formación de los educadores.
Las deficiencias son un hecho incontrovertible y las admiten los propios sindicatos cuando denuncian, con razón, a las “universidades de garaje”, de donde salen titulados miles de maestros. Las mismas organizaciones defienden a esos graduados cuando se afilian con el título cuestionado bajo el brazo. Por razones obvias, ponen el grito en el cielo cuando se habla de evaluarlos. Pero el examen es indispensable, no solo para garantizar la calidad de la enseñanza ofrecida a niños y adolescentes, sino para despertar en muchos el deseo de ampliar conocimientos dondequiera que se los ofrezcan.
Por otra parte, la ley permite contabilizar la capacitación no brindada por el Ministerio ni cursada en horas laborables. Eso despierta temores de asistencia a programas de bajo nivel, fuera del MEP, con el solo objeto de ganar puntos de carrera profesional. La evaluación es una necesaria salvaguarda frente a esas preocupaciones.
Poco sirve llevar un curso si no aporta conocimientos útiles a la hora de ser evaluado, aunque a corto plazo la “capacitación” cuente para una carrera profesional que podría truncarse por falta de conocimientos. Una rigurosa evaluación de los maestros aumentará el atractivo de los cursos gratuitos impartidos por el Ministerio con el aliciente de contarlos como horas trabajadas, lo cual es justo.
Se trata, por supuesto, de una evaluación verdadera, no del simulacro conducido en la actualidad por el MEP. En el 2016, de 63.429 docentes, solo 4 fueron calificados de inaceptables y 18 como insuficientes. A partir de ahí, hubo 1.308 buenos, 1.349 muy buenos y, los demás (60.750), son excelentes.
Si ese fuera el caso, nuestro sistema educativo rivalizaría con los mejores del mundo, pero abundan las pruebas en contrario, comenzando por las justas críticas sindicales a universidades donde se formaron muchos de los “evaluados” y culminando con los decepcionantes resultados de la pruebas PISA. Los estudiantes costarricenses merecen maestros bien formados y con ánimo de mejoramiento constante. Esperamos lo mismo en toda profesión, pero, ante todo, lo necesitamos en la enseñanza.