“El sistema educativo prepara a los costarricenses para ser empleados, no dueños”, dice Marco Garro, presidente de una firma especializada en asesoría financiera. El 80% de los entrevistados por la encuestadora Unimer parecen darle la razón. Solo la quinta parte restante aspira a ser empresario.
Peor aún: un porcentaje significativo aspira a ganarse la vida como empleado estatal. La función pública es una actividad esencial, y en buena hora que haya personas dispuestas a desempeñarla. La competencia por los cargos solo puede redundar en la prestación de mejores servicios. Pero hay un límite, no siempre observado, a la capacidad de absorción de fuerza laboral en las instituciones públicas y el país necesita empresarios de toda escala.
El sistema educativo contribuye poco a la formación de emprendedores. Solo el 30% de los entrevistados dijo haber recibido en la escuela y el colegio estímulos para pensar en fundar una empresa. Sin embargo, no toda la responsabilidad recae sobre la educación. Garro lamenta la ausencia de una política coherente para impulsar la innovación, pese a la existencia de buenas ideas.
La encuesta, de nuevo, parece confirmar su dicho. Solo uno de cada diez pequeños empresarios dicen haber recibido apoyo para desarrollar su proyecto. El 85% de los emprendedores invierten recursos propios o préstamos de familiares y amigos. Apenas el 13% obtuvo los recursos de alguna entidad financiera. Pero la disponibilidad de crédito tampoco carga con toda la culpa.
Mayi Antillón, ministra de Economía, Industria y Comercio, reconoce la ausencia histórica de una política pública de apoyo a las ideas innovadoras. El dicho de la ministra no puede ser controvertido, porque su despacho se encarga de desarrollar la política de emprendedurismo. “Hemos comenzado a crear un ecosistema de apoyo estatal. El financiamiento, que es un factor importante, ya está en la mira”, afirmó.
Si el crédito es importante, el “ecosistema” referido por la ministra no puede, tampoco, pasar por alto la tramitología, las regulaciones excesivas y otras trabas impuestas por la burocracia. Costa Rica se ubica en el puesto 110 de la clasificación “Doing Business”, una revisión del clima de negocios hecha por el Banco Mundial en 185 países.
El país avanzó 12 posiciones el año pasado en relación con el anterior, pero hay 109 naciones mejor clasificadas, 20 de ellas en América Latina y dos en Centroamérica. En el rubro de “apertura del negocio”, uno de los elementos estudiados para hacer la clasificación, Costa Rica, más bien, retrocedió tres puestos, porque iniciar una empresa exige cumplir una docena de pasos cuya concreción tarda, en promedio, 60 días.
En noviembre del año pasado un editorial de este diario celebró la tramitación por Internet de la patente comercial del restaurante Brasero Grill, en Zapote, cuyo propietario obtuvo los permisos sanitarios y de uso de suelo en solo 10 días, sin corrupción, “patas” ni “gavilanes”. El sitio estatal www.crearempresa.go.cr elimina a los intermediarios, erradica la necesidad de dar “propina”, abarata los trámites y reduce el tiempo de espera. Ese es el buen camino.
Educación, crédito, capacitación, transferencia de tecnología y simplificación de trámites son, todos, elementos indispensables de un “ecosistema” apto para el florecimiento del emprendedurismo, pero también existe la sentida necesidad de valorizar el aporte del empresario al desarrollo nacional y moderar las expectativas depositadas por los ciudadanos en el Estado y su paternalismo. La idea del Estado como solución para todas las cosas viene perdiendo terreno por impracticable, pero lo ha hecho a un ritmo demasiado lento.