Las acusaciones de corrupción atizan la insatisfacción de los ciudadanos en Argentina, Venezuela y Brasil, que parecen decididos a impulsar el cambio, en los primeros dos casos mediante elecciones y, en el tercero, bajo impulso de un creciente movimiento para poner coto a los desmanes percibidos en el gobierno recién estrenado, luego de la reelección de Dilma Rousseff.
En Argentina, los comicios depararon la victoria del demócrata liberal Mauricio Macri, poniendo fin al período de la peronista Cristina Fernández de Kirchner. Su gobierno se ha visto involucrado en peleas abiertas con los agricultores y, últimamente, en megaescándalos en torno al presunto asesinato del fiscal Alberto Nisman y el acercamiento negociado con Irán, pero las denuncias de malos manejos de la cosa pública pesan sobre la administración saliente desde el gobierno de Néstor Kirchner, esposo de la mandataria.
La impopularidad alcanzada por la presidenta se agravó debido al papel rector atribuido a su hijo Máximo y su círculo juvenil de asesores económicos. Macri, para hacer el contraste, anuncia un fuerte viraje hacia la transparencia.
En Venezuela se celebrarán mañana elecciones parlamentarias, también marcadas por denuncias de corrupción en las filas gobiernistas. Varios allegados del partido en el poder se han visto involucrados, incluso, en escándalos relacionados con el narcotráfico.
En ausencia de un fraude del régimen chavista encabezado hoy por Nicolás Maduro, los comicios podrían desembocar en un sonado triunfo oposicionista. Los antecedentes de Maduro y sus declaraciones recientes presagian una marejada de represión y violencia como la desatada en otras oportunidades contra estudiantes y manifestantes de la oposición, pero la insatisfacción de la ciudadanía no puede ser disimulada.
El drama político es distinto en Brasil, donde existe una fuerte armazón institucional y democrática, pero el proceso de desencantamiento con la gobernante tiene en común con los dos países vecinos las agitadas discusiones sobre la corrupción, en especial el escándalo de los malos manejos en la gigantesca empresa petrolera estatal Petrobras.
Saquear las arcas de esta inacabable fuente de dinero devino en una práctica arraigada durante varias administraciones. Los fiscales que buscan el curso de esta correntada financiera tardarán mucho tiempo en aclararlas, pero la ciudadanía debate el papel de la mandataria, que fue gerente del gigantesco monopolio petrolero.
La adversidad enfrentada por la presidenta Rousseff se perfila como un amargo desplome de la armazón política construida por el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, preceptor de la mandataria.
Rousseff se encuentra en los preludios de su segundo período presidencial, pero su popularidad se ha desplomado y ya hay gestiones en el Congreso para celebrar un juicio político en su contra, de la mano de una mayúscula crisis económica.
Sin embargo, el juicio político no se funda en los hechos del caso Petrobras sino en el manejo supuestamente fraudulento de indicadores económicos para impulsar políticas gubernamentales. Con un periodo presidencial que apenas comienza y una debilísima base de apoyo, es difícil pensar en un desenlace feliz para la presidenta.
Más allá de las características específicas de cada crisis, el denominador común de la corrupción demuestra su prevalencia en Latinoamérica como un problema de grandes proporciones, común a gobiernos de diversos signos, pero especialmente grave allí donde el respeto a la ley no es prioridad.