El enlace de la carretera a Limón con la sede del nuevo puerto contratado a la constructora holandesa APM Terminals está en plena construcción. Son 2,8 kilómetros de camino abierto para permitir el paso de la maquinaria y los materiales requeridos para construir el muelle de 1.500 metros y cinco puestos de atraque.
Hasta hace poco, esos 2,8 kilómetros representaban, también, la distancia que separaba al país de la concreción de una de las más importantes obras de infraestructura de los últimos tiempos. Las razones alegadas eran ecológicas, pero nadie ignora las motivaciones subyacentes.
Los sindicatos del muelle limonense operado por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se oponen al proyecto por considerarlo una competencia lesiva para sus intereses.
En su lucha contra el megapuerto, los sindicatos contaron con los esfuerzos desplegados por la Cámara del Banano, también celosa de preservar sus intereses frente a la percibida amenaza de un nuevo y moderno muelle.
Ninguna de las dos organizaciones es reconocida por su interés en las causas ecológicas. Por el contrario, ambas actividades dejan huella en el ambiente, aun en el marco del respeto a la legislación vigente. La construcción de los muelles de Japdeva exigió el desvío del río Moín, en cuya defensa ahora parten lanzas los sindicalistas. Peor aún: la propuesta de ampliación del puerto requiere una nueva desviación, pero esa posibilidad no suscita la misma preocupación.
La trocha abierta para permitir la construcción del nuevo puerto pasa por terrenos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), cuyas instalaciones están a poca distancia y no pueden considerarse neutras en términos de contaminación. No hay en el sitio bosque primario y cualquier pérdida por tala de árboles puede ser fácilmente compensada.
A cambio, el país gana una inversión de más de $1.000 millones, a cuyo amparo se creará un millar de puestos de trabajo. Habrá, además, un nuevo e importante negocio portuario al servicio de las exportaciones y un fortalecimiento de la competitividad nacional. Todo eso, sin mencionar la recuperación de la imagen del país en materia de seguridad jurídica y cumplimiento de los contratos.
La ecología, en este caso, operó como peón en la defensa de otros intereses, muy distintos de las preocupaciones ambientales. Esa circunstancia no favorece los esfuerzos legítimos a favor del ambiente ni tampoco contribuye a educar sobre las formas de compatibilizar el desarrollo con el respeto a la ecología. Si el tema ambiental se abarata e instrumentaliza, terminará por perder el terreno ganado con justicia hasta la fecha.
Peor todavía es la posibilidad de que detrás de algunas gestiones ambientales exista un lucrativo negocio particular, denunciado por el exministro de Ambiente René Castro Salazar en las páginas de este diario el pasado 8 de abril. En el artículo titulado “Acoso ambiental de consultores indispensables”, el exfuncionario escribe: “… siempre hay personas o grupos que aprovechan la tendencia sana de control para convertirla en algo abusivo, perverso y de provecho propio”.
Durante su gestión en el Ministerio, dice Castro, detectó “… una tendencia que vamos a llamar de ‘consultores exitosos’. Estos consultores lograban que sus estudios de impacto ambiental o trámites se aprobaran, ya que sus nombres aparecían en los estudios más complejos y onerosos; pero, también, de oficio (cuando sus nombres no eran los que respaldaban un estudio) planteaban recursos de revisión, nulidad, suspensión de las audiencias públicas o revocatorias contra los permisos de viabilidad ambiental otorgados por la Setena. De esta forma, dicho grupo de consultores lograba tornarse en ‘indispensable’ para obtener la aprobación de los trámites: de lo contrario, entorpecían a toda costa el proceso”.
Los intereses superiores del país no deben estar supeditados a intereses particulares de individuos o gremios. Es preciso revisar la alambicada legislación ambiental y también el funcionamiento de las instituciones encargadas de aplicarla, para impedir que causas tan nobles sirvan de excusa o medio para la consecución de fines distantes de la preservación del ambiente.