Las recientes informaciones sobre el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) llevan necesariamente a preguntar cuál es la función económica que esas entidades del Estado costarricense están llamadas a satisfacer y que no pueden ser llevadas a cabo por el resto del sistema bancario. No hemos encontrado una respuesta satisfactoria. Lo que Bicsa y Bancrédito hacen, aun en el caso de que actúen de manera correcta, no agrega a los servicios que la banca ya ofrece.
Son preocupantes, además, las últimas noticias de créditos que entraron en problemas y atentan contra la solidez de dichos bancos. De acentuarse el problema, podría obligar a recapitalizarlos, como si el fisco costarricense contara con recursos sobrantes. Unos cuantos créditos malos explican buena parte de los resultados preocupantes, pero esa no es la única explicación de las dificultades.
Una regla de prudencia bancaria, popularmente conocida como no poner muchos huevos en una misma cesta, exige limitar los créditos concedidos a una sola persona (física, jurídica o grupo de interés económico) a determinada proporción del capital bancario, pues si un gran deudor entrara en problemas, lo mismo podría sucederle al banco acreedor. En esto parecen haber pecado tanto Bicsa como Bancrédito. Y aquí podría mediar la circunstancia de que es administrativamente más fácil aumentar la cartera de créditos con un préstamo de $6 millones concedido a una persona, que con 12 de $500.000 otorgados a personas diferentes. Es más fácil, sí, pero más riesgoso. Por tanto, los bancos del Estado no deberían operar de esa forma.
Bancrédito nació con el pecado original de que si dirigía sus operaciones crediticias solo al sector agrícola de la provincia de Cartago, incurriría en problemas de concentración de cartera. Desviándose de lo que podría considerarse su mandato, actuó bien al haberse extendido a otros sectores de la economía y a todo el país, pero dicha medida prudencial se ve nublada si financia operaciones grandes y no tiene el suficiente cuidado de seleccionar con propiedad a deudores y garantías. Esta última observación aplica también para Bicsa.
Un elemento a tener presente en la operación de entidades bancarias de propiedad pública es el relativo a los incentivos que mueven el actuar de sus directores, gerentes y altos funcionarios. En muchos casos, pareciera que el interés no es tanto que la entidad cumpla la misión para la cual fue creada, que sea rentable y opere con riesgo acotado, sino los beneficios (dietas, salarios, viajes, pluses, etc.) que ellos obtienen.
La sociedad costarricense ha sido informada del elevado número de sesiones de junta directiva que mes a mes se celebran en los bancos estatales y en otras sociedades de sus conglomerados financieros, sin que eso se refleje en buenos resultados, mas sí en altos costos de operación. Pareciera que los principales beneficiarios del actuar de estos entes públicos son sus servidores inmediatos, no la ciudadanía, que es la propietaria teórica.
Es necesario examinar el papel de Bancrédito y de Bicsa en el sistema financiero costarricense. Si, como creemos, es irrelevante, lo mejor es deshacerse de ellos para que la Administración Pública pueda concentrar su esfuerzo operativo, de control y de rendición de cuentas, en los menesteres que sí son propios del Estado. Nada gana el país con un Estado grande y disperso, compuesto por una gran cantidad de islas de poder, si ellas operan como cotos de caza de sus servidores.