La política financiera oficial sigue muy comprometida, nadando en arenas movedizas con flotadores artificiales. Si bien es producto de decisiones e indecisiones de administraciones anteriores, también refleja dudas y contradicciones del actual Gobierno. Urgen medidas estructurales para corregirla.
Las contradicciones son varias y, en su mayoría, de fondo. Mientras la política monetaria del Banco Central se orienta a expandir la liquidez y el crédito para impulsar el crecimiento de la producción, el Gobierno empapela a los bancos e instituciones con títulos de la deuda interna y absorbe una buena tajada del crédito disponible para el sector privado. El Banco Central bajó su tasa de política monetaria de un 5% en enero del 2015 a un 1,75% en enero del 2016 para estimular la producción habida cuenta del bajo crecimiento del PIB y la baja inflación, pero la caída en las tasas activas y pasivas de interés en los bancos e instituciones financieras fue de poca monta. Parte de lo que se quiso hacer con la mano, se borró con el codo.
Mientras el Banco Central y otros analistas –incluido este diario– señalan los riesgos de la dolarización del crédito, particularmente el extendido a los no generadores de divisas, el Banco Nacional se dispara a efectuar una colocación de $600 millones con el objetivo, precisamente, de seguir aumentando sus colocaciones en moneda extranjera. Mientras la Contraloría General de la República y las calificadoras internacionales de riesgo apuntan al crecimiento de la deuda externa como uno de los factores de peso negativo al evaluar las políticas financieras, corre internacionalmente la noticia del endeudamiento del Banco Nacional antes apuntado.
Mientras el Gobierno de la República se empeña en bajar las tasas de interés de los bancos estatales para estimular el crédito y, a la vez, aliviar los pagos de amortización e intereses de las empresas y demás deudores costarricenses, y hasta emitió una directriz al respecto, los bancos estatales, particularmente uno de ellos, se resisten (al menos en parte) a caminar por esa senda, a pesar de que, por la caída en la inflación, las tasas reales de interés subieron y se han mantenido elevadas. Por ejemplo, las tasas de interés (promedio) para los depósitos a 12 meses plazo en los bancos estatales se han mantenido en un 5,52%, y en los bancos privados en un 5,64%. Las tasas activas (promedio) del sistema financiero son aún más elevadas: un 9,76%, con una inflación prácticamente de cero. La rentabilidad de todos los bancos se ha incrementado a expensas de la producción y los deudores.
La duda es por qué los bancos estatales, en vez de reducir las tasas de interés ante la holgada liquidez, prefirieron comprar títulos gubernamentales y endeudarse en el exterior para compensar el desvío de su disponibilidad. Otra pregunta es qué harán el gobierno y las fracciones legislativas para reducir los márgenes de intermediación financiera: diferencia entre las tasas activas –promedio– y las pasivas –promedio– que están entre los más elevados en el plano internacional.
Continuando con las contradicciones, mientras la Junta Directiva del Banco Central aprueba la liberalización cambiaria para que el mercado determine el equilibrio, la misma institución se empeña en intervenir constantemente en el mercado cambiario para evitar pequeñas fluctuaciones, dando la impresión de que el tipo de cambio es, en la práctica, de carácter fijo, lo que no contribuye a la desdolarización del crédito. En este contexto, debe hacerse constar, como nota importante, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le recomendó, en su último informe, dejar el tipo de cambio flotar más libremente para que los agentes económicos internalicen el riesgo cambiario inherente a la flotación y puedan migrar a la moneda nacional en la concesión de crédito. Sin embargo, el propio FMI señala en su informe que el tipo de cambio es de equilibrio, por lo que las pequeñas fluctuaciones recomendadas no necesariamente lo alejarían de ese nivel.
Por el lado de las finanzas públicas también vemos contradicciones y algunos logros menores. La contradicción más substancial es la respuesta oficial a la forma de disminuir el déficit. Mientras los organismos internaciones (FMI y otros), las calificadoras internacionales de riesgo, la Contraloría General de la República y muchos analistas privados han recomendado enfrentarlo por una doble vía: menos gastos (reforma sostenible) e ingresos adicionales, el Gobierno se empeña en sostener que, primero, vendrán los impuestos y luego estaría dispuesto a hablar de lo demás. Amenazó, incluso, con “imponer medidas brutales” si los diputados no actuaban de conformidad, lo cual es un error.
Sí hemos de reconocer que la tasa de crecimiento de los gastos ha mermado un poco, pero el impacto en el déficit financiero es marginal. La tasa de crecimiento de los desembolsos pasó de un 11,8% hace un año a solamente un 1,5% en la actualidad (primer trimestre). Pero el impacto en el déficit financiero fue muy pequeño, de un 1,6% del PIB a un 1,3% del PIB.
Mientras no se realice una reforma financiera y fiscal de fondo, seguirán las dudas y contradicciones, entretanto, el país se dirige a una eventual crisis del sistema financiero y fiscal.