No hay sorpresa. La sectorización adversada por los autobuseros fracasó una vez más bajo presión del poderoso sector. Un editorial de este diario lo predijo cuando la administración destituyó al viceministro encargado del proyecto, anunció nuevas rondas de discusión y estudio, y llenó la vacante en el MOPT con una viceministra vinculada a los transportistas.
El viceministro saliente basó su propuesta de sectorización en un estudio elaborado hace dos años por el consorcio Epypsa-Sigma, con un costo de $800.000, pero las conclusiones del documento no complacen a los empresarios del transporte. “En consecuencia –vaticinó La Nación en su editorial del 24 de junio– el gobierno integrará grandes comisiones de estudio, con amplia representación del sector autobusero, probablemente para no producir ningún resultado. El tiempo lo dirá, mas la experiencia de tantos años no abona el optimismo”.
Bastó el transcurso de tres meses para transformar el vaticinio en realidad. Por supuesto, la clarividencia no tiene mayor mérito. La historia se ha repetido una y otra vez a lo largo de casi dos décadas. La sectorización, con todos sus potenciales beneficios para los usuarios, la circulación vial, la economía y la calidad de vida, lastima intereses económicos cuya voluntad se ha impuesto una y otra vez, en esta y otras materias.
Según los transportistas, la iniciativa carece de sustento técnico, pero existen cinco estudios, incluido el de Epypsa-Sigma, ejecutados a partir de 1999. Por ellos se han pagado grandes sumas de dinero para luego archivarlos ante la oposición de los autobuseros. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anuncia la preparación de términos de referencia para contratar nuevos estudios técnicos con el fin de precisar la demanda del servicio y, a partir de ahí, definir la sectorización.
Volvemos a cero, como si no hubieran pasado 17 años y no se hubieran gastado millones en estudios anteriores. Este gobierno invirtió dos años en impulsar la sectorización, pero, con su nueva iniciativa, garantiza el traslado del problema a la próxima administración. El Ministerio anuncia, sin demasiada convicción, la conclusión de la primera etapa de su nuevo proyecto para el último trimestre del año entrante. Nuevamente, hay buenas razones para dudarlo y poco mérito en predecir el fracaso.
Si por una vez los vaticinios pesimistas no se cumplieran, tendremos una primera etapa de un plan cuya ejecución no podrá hacerse antes del traspaso de poder, en el 2018. Vendrá entonces una nueva administración cuyos funcionarios producirán una sorpresa mayúscula si no deciden, después de uno o dos años, hacer borrón y cuenta nueva para contar con estudios definitivos. Esa es la historia de la sectorización hasta ahora y no hay motivos para esperar un cambio.
Este gobierno, ya es posible decirlo sin temor a equivocación, no la hará. Tampoco la hicieron las últimas cinco administraciones. Dos décadas, y los años que faltan, no le bastarán a Costa Rica para comenzar a poner orden en el transporte público. Ni las recomendaciones técnicas, ni las ventajas potenciales, ni los ejemplos prácticos han bastado para vencer las objeciones de los autobuseros.
En Vázquez de Coronado, la empresa Autobuses Unidos de Coronado adoptó voluntariamente el modelo sectorizado y demostró su utilidad. Redujo a 43 su flotilla de buses, cuando en otras circunstancias necesitaría más de cien para brindar el servicio. El plan original del gobierno era aplicar esquemas similares para reducir de 34 a 5 el número de rutas que ingresan a la capital desde zonas aledañas. El objetivo, como está dicho, no es novedoso. Su conveniencia se discute desde hace más de 20 años. Solo habrá novedad el remoto día en que los gobernantes reúnan el valor para ejecutarla. ¿Y el cobro electrónico? Ese es otro cuento.