Las fracciones legislativas de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana inician hoy sendas "encerronas", con el propósito de analizar la realidad nacional y, sobre todo, definir o ajustar sus estrategias ante ella y analizar algunos proyectos concretos.
Se trata, sin duda, de esfuerzos encomiables, reflejo de lo que consideramos una actitud responsable ante los graves problemas que confronta el país, y que se manifiestan con diferentes síntomas: déficit fiscal desmesurado, dramática caída de la inversión pública, acelerado deterioro de la infraestructura, tasas de interés sumamente elevadas, parálisis o entrabamiento en las tareas del Estado, aprensión entre los inversionistas, monopolios que limitan la modernización y el desarrollo, grupos de presión parapetados tras sus privilegios y recurrentes conflictos entre los dos partidos mayoritarios sobre temas en los cuales, realmente, sus diferencias son pequeñas.
Ante un diagnóstico tan serio y que cada vez inquieta más a todos los sectores responsables del país, sería un error que los diputados del PLN y el PUSC desaprovecharan estas sesiones a las que con tanto acierto han convocado y que, dichosamente, están precedidas por el acuerdo firmado el 28 de abril por el presidente José María Figueres y el expresidente Rafael Angel Calderón.
Ese acuerdo ha creado un clima de concertación que, sin embargo, puede disiparse rápidamente si no se convierte en acciones concretas. Y para que estas se den, la prontitud y certeza de las decisiones legislativas se torna fundamental. El éxito del acuerdo y de una agenda nacional de consenso dependerá mucho más de los diputados --y los partidos que representan-- que de las comisiones nombradas tras la firma del documento. Las comisiones pueden --y deben-- debatir temas importantes y proponer soluciones, pero se requiere actuar de inmediato en el ámbito legislativo.
Los jefes de ambas fracciones han dicho que durante las encerronas analizarán iniciativas concretas; además, en los últimos días los trabajos en el Congreso se han desarrollado con mucha mayor fluidez que en meses recientes. Todo esto es bueno. Pero no basta con la concreción y la fluidez. Se requiere, también, que las decisiones que se tomen en torno a las iniciativas partan más de un adecuado análisis de la realidad nacional, de la urgencia de los desafíos y de la necesidad de corregir males acumulados, que del apego a líneas de partido, dogmas perniciosos o estrategias de índole puramente electoral. No debe perderse de vista, por otro lado, que sobre todo esto pende con inmediatez la espada de Damocles del déficit fiscal, que debe afrontarse sin tardanza y responsablemente.
Esperamos que, a partir de estas "encerronas", de la voluntad de los partidos y del espíritu del acuerdo del 28 de abril, se pueda avanzar rápidamente, por lo menos, en el ataque al problema de las pensiones, la privatización de la Fábrica Nacional de Licores, la ley de empleo público, la reforma financiera, la transformación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE) y la reforma constitucional que pretende garantizar que los gastos corrientes del Estado se financien con ingresos corrientes. Como contrapartida debería llegarse también a un acuerdo en materia tributaria, que garantice ingresos adicionales durante un tiempo prudencial para que estas medidas --junto a una mejor recaudación fiscal-- rindan sus efectos.
Se trata de objetivos básicos a partir de los cuales se debería avanzar más profundamente en la reforma estatal y la modernización económica, y sin los cuales difícilmente podremos superar sin traumas los amagos de crisis que ahora nos agobian. Esperamos que los diputados actúen en consecuencia.