Una directriz de la Casa Presidencial exige a las empresas públicas proveedoras de servicios regulados, en especial las del sector energético, ajustar sus gastos y racionalizar los créditos empleados para desarrollar infraestructura. Las medidas son totalmente razonables, y los límites impuestos al crecimiento del gasto son necesarios con vista en la evolución de las tarifas.
En el 2013, el aumento de las erogaciones no podrá superar el 25% del alza interanual del índice de precios al consumidor (IPC) y en el 2014 deberá limitarse al 15%. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tres grandes proveedoras regionales de energía (CNFL, ESPH y Jasec), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y Acueductos y Alcantarillados (AyA) quedarán obligados a buscar en el mercado financiero recursos más baratos para sustituir los préstamos existentes.
Además, deberán procurar plazos más ajustados a la vida útil de sus inversiones en infraestructura para no echar el peso de la amortización acelerada sobre los hombros del consumidor actual. Silvia Saborío, directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), señala que los consumidores del presente pagan la factura de las próximas dos generaciones cuando amortizan, a 12 años plazo, infraestructura cuya vida útil se extiende a 50 años.
Las directrices responden a la creciente preocupación por el aumento en las tarifas de los servicios regulados y su impacto sobre la inflación. Entre julio del 2012 y el pasado mes de abril, la electricidad subió un 35%, muchas veces más que la inflación. El desfase es todavía más evidente si se amplía el rango del análisis: entre agosto del 2006 y octubre del 2012, la electricidad subió un 85,4%, superando la inflación del mismo periodo en un 30%.
El alza en las tarifas eléctricas deprime el consumo, cuyo promedio por familia pasó de 238 kilovatios hora al mes en el 2006 a 217 en el 2011; es decir, un 9% menos. Sin embargo, no hubo alivio para los presupuestos familiares, pues el precio promedio del kilovatio prácticamente se duplicó en el mismo lapso, de ¢38,39 a ¢71,60. Las alzas más recientes agravan la situación.
Más allá del golpe a los consumidores, los aumentos también afectan la producción, en razón de que la electricidad representa hasta el 40% de los costos en algunas industrias, y merma la competitividad frente a otras naciones interesadas en atraer inversiones. La suma de esos efectos convierte el tema energético en una altísima prioridad que no puede ser afrontada con las medidas de austeridad y racionalización dictadas por la Presidencia.
Son medidas necesarias y sensatas, no hay duda, pero hace falta mucho más. El país gasta en la generación de energía cara y contaminante cuando podría explotar fuentes más limpias y baratas. El subsuelo ofrece al ICE la oportunidad de desarrollar grandes proyectos geotérmicos; no obstante, la ley no se lo permite. La empresa privada está dispuesta a invertir recursos propios y producir energía limpia a precios muy competitivos, fijados por la Aresep, pero la legislación limita los emprendimientos y el Estado se muestra lento para estimular el desarrollo de los proyectos que sí son posibles dentro del restrictivo marco legal vigente.
Las medidas dictadas por la Presidencia servirán para alcanzar la meta de inflación fijada por el Banco Central en menos de 6%, pero no resuelven el problema. Por eso es acertada la decisión gubernamental de no abandonar el proyecto de contingencia eléctrica, menos ambicioso de lo necesario, pero útil para avanzar en la dirección marcada por la realidad económica plasmada en los recibos de grandes y pequeños consumidores de electricidad.