El próximo presidente de la República va a lidiar con la obligación constitucional de otorgar un 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación, en medio de una situación fiscal adversa. El actual ministro de Hacienda, Edgar Ayales, puso el tema en discusión al señalar que el aumento debería posponerse al menos hasta que se generen los recursos necesarios para financiarlo. La Ley de Presupuesto Ordinario de la República, para el 2014, plantea alcanzar esta meta en un plazo de cinco años.
Dentro del gabinete no todos comparten este criterio, como el titular del ramo, Leonardo Garnier, quien opinó que “debemos llegar al 8% del PIB para la educación, sobre todo si tomamos en cuenta que la cobertura en preescolar y en secundaria aún está significativamente por debajo del 100%, y que, si bien en primaria la cobertura es prácticamente universal, esta cobertura se logra, en la gran mayoría de los casos, bajo un esquema de doble jornada que no permite cumplir con el programa oficial, que requiere el horario completo”.
En la última década, la educación costarricense ha mostrado señales consistentes de recuperación, pero aún exhibe cifras en rojo, como la cobertura en secundaria –solo un 35% de los estudiantes se gradúa del colegio–, la calidad de la infraestructura y del ambiente de enseñanza, la formación docente y, en especial, la creciente distancia entre una población de bajo nivel educativo y las altas exigencias del mercado laboral. Por ejemplo, en las regiones periféricas o fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), el 80% no ha concluido el bachillerato.
En este contexto, la mayoría de los candidatos se han apresurado a asegurar que, en un eventual mandato presidencial, elevarían la asignación presupuestaria al 8%. Sin embargo, el tema es mucho más complejo y amerita que se enmarque dentro de la discusión nacional que propuso el IV Informe del Estado de la Educación (2013), de modo que involucre tanto un debate sobre el financiamiento como sobre la calidad y el futuro de la enseñanza.
Una vez más, parece haber unanimidad en el diagnóstico, pero no en la aplicación de las soluciones, y mucho menos en el cumplimiento de las metas en un plazo razonable. El círculo vicioso entre el desempleo, el estancamiento de la pobreza y el escaso nivel educativo está probado. Como aseguró el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, “hay que reconocerlo, en plena transición entre la economía agrícola y la economía de los servicios, se ha fallado en proveer capacitación para que la gente pueda acceder a mejores puestos de trabajo”.
Cualquier política educativa que se implemente en la actualidad cosechará sus frutos en el futuro y, por esa razón, es indispensable que el país no siga postergando un diálogo nacional sobre la enseñanza que quiere y que puede costear en beneficio tanto del aparato productivo como de los objetivos de desarrollo humano que deben prevalecer. Bajo esta perspectiva, es deseable preguntarse por el 8% del PIB no solo como una meta en sí misma, sino en estrecha vinculación con el rendimiento académico, la calidad del sistema educativo y los procedimientos para evaluarla.
El reciente Informe del Estado de la Nación parece haber desterrado para siempre el mito de que “Costa Rica tiene una población altamente educada y calificada”, lo cual también nos obliga a interrogarnos sobre el papel de la educación técnica y de las universidades en la inserción laboral. Diversos especialistas han insistido en que las instituciones públicas de educación superior deben renovar su oferta académica para adecuarla a un entorno competitivo, pero sin cerrar las puertas a los estudiantes de menores ingresos.
“En cuanto a las prioridades, una de las principales es lograr que el acceso a la educación de alta calidad sea más democrático. ¿Qué hacemos, si logramos tener algunas universidades de punta, si el acceso no es democrático?”, preguntó la Dra. Sonia Marta Mora, presidenta del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Como se ve, los retos y los problemas son muchos, pero lo peor que podría hacer el país, la clase política y la sociedad civil en su conjunto es renunciar a un planteamiento serio y profundo de las exigencias educativas y de cómo encararlas. Sin duda, nuestro futuro está ligado a este mandato histórico.