Costa Rica podría perder el grado de inversión concedido por Moody’s, una de las principales calificadoras de riesgo internacional, y ser degradada por otras firmas como Fitch Ratings y Standard & Poor’s, contratadas para valorar los riesgos de la deuda soberana. Eso traería serias consecuencias económicas no solo para el Gobierno y sus instituciones, sino también para el sector privado que se financia en el exterior.
En un reportaje de este periódico, publicado la semana pasada, personeros de las principales calificadoras de riesgo coincidieron en que el mal manejo de la política fiscal por las autoridades costarricenses, particularmente el último proyecto de presupuesto ordinario de la República para el 2015, ejerce una gran presión en las calificadoras para rebajar la calificación. Desafortunadamente, es muy difícil no darles la razón.
Las calificadoras son conscientes de que el presupuesto sometido a la Asamblea Legislativa conlleva un incremento del 19% respecto del anterior, aparejado de un déficit financiero equivalente a un 6,7% del PIB. Con esas cifras, más todos los problemas en las estructuras de gastos e ingresos, no puede afirmarse que el país está haciendo progresos para enjugar el déficit y evitar el crecimiento acelerado de la deuda pública. Cuanto mayor sea el déficit, y más elevada la deuda pública en términos del PIB, menor será la capacidad de pago del sector público. Y eso es, precisamente, lo que más preocupa a las calificadoras.
Los personeros de las calificadoras valoran no solo la capacidad de pago, sino también la voluntad política de fortalecer las finanzas públicas para poder pagar a tiempo las obligaciones. Estos aspectos, entre otros, se reflejan en las notas concedidas. Standard & Poor’s le había otorgado al Gobierno una nota de “BB”, indicando con ello que sus obligaciones eran menos vulnerables a incumplimiento respecto a otras emisiones calificadas como especulativas. Fitch Ratings le otorgó una “BB+”, y Moody’s, una “Baa3”, equivalente al grado de inversión.
Eso les abrió las puertas a inversionistas institucionales como fondos de pensiones y de inversiones, para colocar recursos en el país. También permitió colocar, de manera ventajosa, al menos dos de los tractos de la serie autorizada de eurobonos, y las empresas privadas se ampararon bajo esa sombrilla para solicitar financiamiento externo en términos más favorables en el mercado financiero internacional. Pero las circunstancias podrían variar.
Si Costa Rica perdiera el grado de inversión concedido por Moody’s, y si las demás calificadoras degradaran sus valoraciones, los mercados financieros se darían por notificados de que somos un país más riesgoso financieramente. El principal efecto directo sería un ajuste en las tasas de interés exigidas por los inversionistas para adquirir títulos de la deuda soberana. Eso significaría que el último tracto de los eurobonos que aún falta por colocar sufriría un incremento en las tasas de interés y, por tanto, se reflejaría en el presupuesto nacional. Pero un aumento en las tasas de interés de la deuda soberana tendería a influir en las demás tasas de interés, tanto en dólares como en colones, encareciendo el costo del financiamiento. No serían buenas noticias para la producción nacional.
Los personeros de las calificadoras también han expresado que, si no hay un progreso sustancial para reducir el déficit fiscal antes de finalizar el año, muy probablemente revisarían a la baja sus calificaciones. Y eso ubica al Gobierno y al país en una seria encrucijada. Por un lado, ya el Ministerio de Hacienda presentó su versión del presupuesto nacional, altamente desfinanciado, en momentos en que las perspectivas de crecimiento económico para el año entrante son a la baja, y el propio Gobierno ha descartado un incremento de impuestos antes del 2016. Eso deja a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Ottón Solís, con la dura tarea de meter a fondo el bisturí para reducir los gastos y el déficit, y evitar que se siga incrementando la deuda pública. Sin duda, una tarea titánica, pero muy necesaria.
Aparte de lo anterior, es urgente que el Gobierno varíe radicalmente su postura sobre el gasto, incluyendo su política salarial en el sector público y transferencias a las universidades y otras entidades, e implemente reformas estructurales, como se lo solicitó la Contraloría General de la República, para reducir el déficit a niveles manejables. Es una condición política necesaria para poder solicitar mayores ingresos mediante una reforma tributaria integral. Si no, muy difícilmente podría lograr el consenso necesario en la Asamblea Legislativa. Quizás, así, se podría suavizar la calificación de nuestra deuda soberana.