La Caja Costarricense de Seguro Social está tardando demasiado en poner en práctica las correcciones necesarias para apuntalar las debilitadas finanzas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Pablo Sauma, economista, exdirectivo de la Caja y miembro de la junta de notables designada para estudiar su crisis financiera, estima que las medidas debieron ser adoptadas hace tres años.
Édgar Robles, superintendente de Pensiones, también enfatiza los riesgos de la demora. “El futuro del IVM sigue en peligro y las posibilidades de corregir la situación son cada vez más escasas”, dice el funcionario, empeñado desde hace años en advertir al país sobre el progresivo debilitamiento del régimen.
Hasta hace poco, la Caja se negaba a admitir la existencia del problema y reñía con la Superintendencia de Pensiones por la constante denuncia de los riesgos. El discurso empezó a cambiar hace pocos meses, cuando la institución admitió la necesidad de hacer ajustes.
En camino está un estudio que difícilmente dejará de proponer medidas impopulares, con alto costo político. El aumento de la base contributiva de los asegurados independientes quizá sea la menos polémica. En la actualidad, esa categoría de trabajadores puede afiliarse a la seguridad social declarando ingresos muy inferiores al salario mínimo. De hecho, 334.777 de ellos dicen ganar, en promedio, ¢179.000 mensuales.
Los generosos portillos abiertos por la institución a las pensiones anticipadas también son insostenibles y, por su naturaleza, difíciles de defender en una sociedad donde la expectativa de vida aumenta y escasean los recursos para mantener al creciente número de jubilados.
Menos fáciles de aceptar son las posibilidades de subir las cuotas o aumentar la edad mínima de la jubilación. Sin embargo, puede ser que no exista otro remedio. Los estudios actuariales dirán, pero demorar la adopción de correctivos eficaces solo magnificará la severidad del sacrificio.
El superintendente de Pensiones clama por “medidas contundentes que ataquen el problema de insostenibilidad actuarial”. La Gerencia de Pensiones de la Caja, por su parte, admite la necesidad de fortalecer los ingresos mediante la generación de recursos frescos, es decir, recursos inexistentes en este momento.
¿De dónde saldrán? La respuesta no podría ser más obvia, igual que la decisión gubernamental de llegar al 8 de mayo sin adoptar medidas impopulares. Para lograrlo, ahora que no es posible seguir fingiendo confianza en la sostenibilidad del sistema sin hacer los ajustes necesarios, la Caja encargó el estudio cuyos resultados estarán listos a tiempo para no hacer nada y heredar el problema a la próxima Administración.
El nuevo Gobierno difícilmente estará dispuesto a invertir tanto capital político al comienzo de su gestión. Si lo hace, demostrará extraordinaria valentía, pero es imposible descartar el impulso a posponer, una vez más, las soluciones polémicas. Se puede seguir comprando tiempo a costa de la solidez del sistema. Como dice Sauma, “las pensiones no dejarán de pagarse hoy, porque hay dinero. El tema es a largo plazo.”
Con cuánto plazo cuenta el país es materia de debate, pero es seguro decir que los potenciales afectados ya están adentrados en su vida laboral. En algún momento, en los próximos años, el país cruzará el umbral de la insostenibilidad, y la responsabilidad histórica será de quienes no hayan tenido la valentía de actuar a tiempo. El superintendente de Pensiones tiene la suya a salvo, pero eso es poco consuelo, incluso para él.
“La situación financiera del IVM nunca ha sido tan mala como en este momento”, dice Robles, quien ya invirtió varios años en señalar el problema, al punto de acusar a la Caja de “maquillar” las cifras para crear la ilusión de un sistema sostenible.