Tres meses después de que fuera separada del cargo para enfrentar un posible juicio político, o impeachment, el Senado de Brasil decidió el martes destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Concluyeron así 13 años en el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), ocho de ellos encabezados por Luis Inácio Lula da Silva. A partir de ahora, asumirá oficialmente como sucesor el vicepresidente constitucional y presidente interino, Michel Temer, del partido Movimiento Democrático Brasileño, exaliado del PT, quien permanecerá en el poder hasta concluir el período gubernamental de cuatro años, el 31 de diciembre del 2018.
El proceso senatorial y los hechos que condujeron a él han sido traumáticos para la robusta democracia brasileña. La esperanza es que, a pesar de la crisis actual y de las profundas heridas que se han abierto con el proceso, el país pueda tomar un sendero de recuperación económica, legitimidad institucional y cohesión social, que permitan recuperar la estabilidad y crear condiciones para reactivar su desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la población. Es algo que está por verse.
La votación para destituir a Rousseff fue contundente: 61 a favor y 20 en contra. La legitimidad de la medida no admite dudas: se siguieron los principios constitucionales y los procedimientos legales. Por esto, no se justifica hablar de un golpe de Estado, sino de una medida extrema dentro del orden institucional. Sin embargo, los cargos sobre los que se sustentó el impeachment –maquillar cuentas fiscales como parte de sus esfuerzos por lograr la reelección– aunque serios, no justificaban una decisión tan drástica. En realidad, lo que finalmente condujo a este desenlace fue la noción de que, en medio de monumentales escándalos de corrupción, desplome económico, creciente debilitamiento en el manejo político y erosión de apoyo en su coalición de gobierno, la presidenta había perdido la capacidad de gobernar.
Corresponderá ahora a Temer y a los partidos de oposición poner de manifiesto que verdaderamente son capaces de conducir un cambio de rumbo que establezca bases adecuadas para impulsar la gobernabilidad nacional, hacer más eficaz y eficiente el enmohecido aparato estatal, impulsar reformas estructurales en la economía, respetar la independencia de la justicia y hacer de Brasil un país más integrado al mundo.
Todo indica que el nuevo equipo gobernante, que ya lleva tres meses en el Ejecutivo, así como sus aliados, tienen mayor claridad de miras y capacidad política que Rousseff, su equipo y el propio PT. Sin embargo, tanto Temer como muchos de sus colaboradores también están severamente vinculados a los escándalos de corrupción, han sido cómplices de medidas clientelistas impulsadas por los gobiernos previos y, al inicio del segundo período de la presidenta, se negaron a aprobar medidas fiscales que ahora impulsan. Es decir, también ellos han sido parte del problema. De aquí la necesidad de que muestren frutos rápidamente; de lo contrario, de nuevo Brasil podría precipitarse en la inestabilidad.
Durante la última década, que tuvo el sello del PT, y en buena medida como resultado de los altos precios de sus principales productos de exportación, Brasil consolidó –al menos en apariencia– su estabilidad macroeconómica, alcanzó un alto crecimiento y sacó a millones de personas de la pobreza. A la vez, sin embargo, ni Lula ni Rousseff aprovecharon la bonanza para hacer reformas estructurales que sustentaran el progreso. Más bien, creció el gasto público, el Estado asumió un pesado papel interventor en la economía, se mantuvieron políticas proteccionistas que frenaron la competitividad y la corrupción alcanzó niveles colosales. La presidenta nunca ha sido involucrada directamente en ningún escándalo, pero sí otros personajes del PT, incluido Lula, y de la oposición, incluido Temer.
Todo esto hizo crisis tras la estrecha reelección el 26 de octubre del 2014, y se abrió así la dinámica que condujo a la destitución. Se trata de una página oscura para Brasil y el hemisferio. Ahora, sus líderes deberán hacer un enorme esfuerzo por pasarla civilizadamente y abrir un período de recuperación general, que no solo implique pequeños correctivos para salir de lo peor, sino reformas profundas en la política, las instituciones y la economía.