Según el ministro Rosendo Pujol, no es justo concluir que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ignore cómo se gastaron ¢32.000 millones transferidos a las entidades autorizadas del sistema, que los utilizaron para entregar bonos, especialmente entre el 2008 y el 2015.
Ahí están los proyectos y las familias beneficiadas, dice el ministro. Ahí está, también, el desorden generador de oportunidades para la irregularidad. Pujol no deja de calificar las omisiones de administraciones anteriores como “negligencia” y llama a administrar el Banco como una empresa seria y no “como una pulpería”.
Una auditoría externa del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) señaló la ausencia de liquidaciones para respaldar ¢32.000 millones colocados en diversos proyectos, algunos desarrollados en los años 90. La suma representa cerca de la mitad del total de recursos girados para estos fines. Las razones del extraordinario hallazgo son igualmente sorprendentes. Según el ministro, las finanzas del Fosuvi no habían sido revisadas desde la fundación del Banhvi, en 1986.
El Banhvi es un banco de segundo piso y depende de las entidades autorizadas, como las cooperativas y mutuales, para manejar la relación con beneficiarios y desarrolladores y entregar los bonos de subsidio. Construido el proyecto, los involucrados deben hacer una liquidación, dando cuenta de los gastos y remanentes, si los hubiera.
Alexánder Sandoval, subgerente financiero del Banhvi, no niega la existencia de remanentes, pero los describe como “relativamente poco”. El ministro coincide en que proyectos de miles de millones terminan con sobrantes de diez o veinte millones y luego nadie hace la liquidación. Sin embargo, los pequeños sobrantes no son el motivo central de preocupación. Una liquidación apropiada es un control final del gasto para excluir anomalías a lo largo de la ejecución de la obra, más allá de evidenciar la existencia de un sobrante.
Con la liquidación se sabe dónde se invirtió el dinero porque los costos no pueden ser captados con solo poner la mirada sobre la obra física. Como bien dice el ministro, el Banco fue negligente y no debe ser manejado como una pulpería. El Banhvi es una de las instituciones más importantes del sector social del Gobierno y canaliza un torrente de fondos.
Los controles deficientes están entre los muchos cuestionamientos al gasto social costarricense, uno de los más altos en América Latina con casi el 20% del producto interno bruto (PIB). De acuerdo con los estudiosos, los recursos disponibles bastan para enfrentar, en buena parte, la pobreza que afecta a una quinta parte de la población. El problema es la ineficacia del gasto y una de sus explicaciones es la falta de control.
Si las listas de beneficiarios del Instituto Mixto de Ayuda Social se depuraran, dijo el Informe del Estado de la Nación, sería posible atender al 70% de los pobres o al 94% de los hogares en pobreza extrema. Por otra parte, la quinta parte de los beneficiarios del programa Avancemos no lo utilizan para permanecer en el sistema educativo y casi la tercera parte (32%) de los usuarios de comedores escolares no califican para recibir el beneficio. La Contraloría encontró deficiencias similares en la atención de la vejez y un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó, entre el 2007 y el 2013, un aumento de la inversión social muy por encima del crecimiento real de la economía, sin la correspondiente expansión de la cantidad y calidad de servicios.
El descontrol sale caro y la falta de un examen de las finanzas del Fosuvi desde la fundación del sistema financiero de la vivienda, en 1986, no puede dejar de inquietar al país, en especial cuando se tiene memoria de gran cantidad de incidentes anómalos a lo largo de la historia de las instituciones del sector.