El Salvador es hoy víctima de una espiral de violencia que amenaza destruir el delicado marco democrático establecido en 1992, al cabo de la cruenta guerra civil que durante doce años lo mantuvo en vilo. Ahora, los militares han retornado a controlar sitios céntricos de la capital y, otra vez, balas y explosiones conforman la marcha fúnebre del sistema pluralista que trajo alguna paz y esperanza al pueblo martirizado por la guerra.
La guerra que enfrenta el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, exguerrillero de la izquierda transmutada, es con las temibles maras. Según estadísticas oficiales, las maras cuentan con 72.000 miembros, de los cuales unos 13.000 guardan prisión por narcotráfico, homicidio, extorsión y otros delitos. Las más numerosas son la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, en sus inicios parte del mundo de las pandillas de Los Ángeles, California, que han devenido en rectoras regionales del crimen sin fronteras, como el tráfico de drogas.
Líderes cívicos y religiosos lograron, hace tres años, con el aval silencioso del Gobierno, concretar una tregua entre líderes de pandillas encarcelados, con lo cual se redujo a la mitad el número de homicidios. Sin embargo, hace dos años el acuerdo se vino abajo y las maras mostraron de nuevo sus dientes y garras. Ahora, desde inicios del presente año, el gobierno de Sánchez desató una guerra implacable contra dichas agrupaciones.
El balance actual de la ofensiva de Sánchez sigue siendo preocupante. En junio, 680 personas fueron asesinadas, el doble de las que se registraron en enero. En lo que va del año, 300 integrantes de las maras han muerto en acciones de la Policía y los militares. En el mismo período, los pandilleros causaron la muerte de 50 agentes policiales y soldados. A la luz de estas cifras, El Salvador ha sido designado como el país más peligroso del mundo.
El presidente ha dicho que la batida contra las pandillas es un elemento importante de la estrategia socioeconómica fundada en la educación, la rehabilitación de mareros y el afianzamiento del orden jurídico. Dichos planes forman parte de un ambicioso proyecto cuyo costo excede $2.100 millones y que será financiado con participación del sector privado de El Salvador, iglesias, asociaciones religiosas e instituciones de ayuda social.
En cuanto a la economía del país, un detallado reportaje del New York Times señala que uno de los grandes problemas es que el Estado no logra asegurar un mayor número de empleos para absorber a los exmareros. El crecimiento general se ubica en poco más del 2% anual. Asimismo, las remesas de salvadoreños radicados en Estados Unidos constituyen el 17% del ingreso nacional. Otro dato poco alentador es que la mitad de la fuerza de trabajo labora en la economía informal.
Mirando hacia el futuro, el foco central de las preocupaciones oficiales y del sector privado reside en la dificultad de captar inversiones extranjeras debido a la atmósfera de inseguridad que asola a la nación. Y, sin ese empuje, el progreso económico y social seguirá entrabado.
El Salvador es uno de los tres países beneficiarios del multimillonario plan de desarrollo impulsado por el presidente Barack Obama para el “triángulo norte” de la región centroamericana, con la esperanza de aminorar el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos. Sin duda, esto plantea un horizonte alentador, con la salvedad de que sin los cambios internos descritos antes, el impacto dudosamente llenará las expectativas de los hermanos salvadoreños.
Pensando en El Salvador, es inevitable preguntarse si debe descartarse del todo la posibilidad de renovar el acuerdo negociado con las maras para reducir los homicidios. Si se lograra ese objetivo, no obstante su alto costo, ayudaría a mejorar la imagen del país en momentos tan difíciles.