La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa escuchó al superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, y a su antecesor, Édgar Robles. Los diputados no tardaron en ponerse de acuerdo sobre la necesidad de incluir al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social entre las entidades supervisadas por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Mario Redondo, presidente de la comisión legislativa, pedirá al Poder Ejecutivo la inmediata convocatoria del proyecto de ley necesario para lograr ese objetivo. El propósito es aprovechar el actual periodo de sesiones extraordinarias, vigente hasta el 30 de abril, para dar trámite a la iniciativa.
El acuerdo de los participantes en la comisión habría sido unánime salvo por la posición contraria del diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio. Ese voto merece comentario porque las razones esgrimidas para sustentarlo explican, en buena parte, la mentalidad conducente a la crisis del IVM y las constantes dificultades de la Caja.
Para el legislador frenteamplista, no es necesaria la regulación de la Supén porque “no hay institución que tenga una representación más democrática que la Caja Costarricense de Seguro Social”. El comentario parece aludir a la integración de la Junta Directiva de la institución con sindicalistas, empresarios y representantes del Gobierno.
Esa “representatividad democrática” es cuestionable. Los delegados sectoriales surgen de nombramientos hechos en el ámbito cerrado de sus organizaciones. Representan, ante todo, a grupos de interés. Los del gobierno dependen de que el Ejecutivo baje el dedo y su incuestionable legitimidad nace de la ley y la institucionalidad, no de algún especialísimo mecanismo democrático.
Sin embargo, aunque la elección de los directivos fuera el más puro ejercicio del ágora (en cuyo caso probablemente se reduciría la participación sindical, a juzgar por los resultados electorales históricos), la “representatividad democrática” no podría sustituir jamás el criterio técnico indispensable para el manejo de un fondo de pensiones.
El IVM debe ser administrado con criterio técnico precisamente porque de él depende la dignidad de la inmensa mayoría de costarricenses en la vejez y, ahora sí, la estabilidad de la democracia bien entendida. La demostración está en las conmociones creadas en otros países por el colapso de los regímenes de jubilación.
La representación empresarial en la Junta Directiva impedirá, hasta el último momento, aumentar las cuotas patronales. Los sindicalistas harán lo mismo por los trabajadores y se opondrán a incrementar la edad de retiro. Hay argumentos para defender cualquiera de las dos posiciones, pero no la parálisis. Sin embargo, el inmovilismo es, con demasiada frecuencia, el objetivo de los representantes del gobierno, siempre interesados en pasar la crisis a la siguiente administración.
Por esas razones, la supuesta representatividad democrática de la Caja no le evitó al IVM deslizarse hacia la grave crisis de la actualidad y más bien sirvió para ocultarle al país la realidad del fondo durante más de una década, pese a los esfuerzos de la Superintendencia de Pensiones, limitados por falta de instrumentos legales.
Los funcionarios de la Caja, a vista y paciencia de toda la “representación democrática” de la Junta Directiva, invocaron específicamente la falta de autoridad supervisora de la Supén para negar información al anterior superintendente, Édgar Robles, y ocultarle al país la gravedad de la situación. El pueblo no tenía derecho a saber y solo se le informa ahora que la Universidad de Costa Rica propone una dura reforma para salvar el sistema.
Los actuarios de la UCR piden estudiar la posibilidad de elevar la edad de jubilación a 70 años, rebajar las pensiones a un 40% del salario, en lugar del 60%, o elevar las cotizaciones al 26,4% del salario mediante ajustes ejecutados entre el 2019 y el 2049. Al final, el patrono aportaría el 13,99%, el trabajador el 8,72% y el Estado el 3,69%.
Al día de hoy, hablamos del régimen de pensiones más importante del país, con 238.644 jubilados y 1,4 millones de cotizantes a quienes la “representación democrática” ha querido mantener en la ignorancia sobre el grave y creciente riesgo, irresponsablemente desestimado por la burocracia cuya idoneidad técnica también fue cuestionada por los actuarios de la UCR.