Egipto se encuentra hoy sumido en una coyuntura política y económica compleja, pero también clave para fortalecer la naciente senda pluralista del futuro del Oriente Medio.
Con cerca de 90 millones de habitantes, Egipto es la mayor nación árabe. Sus relaciones con las potencias occidentales y, en particular, con Estados Unidos, han sido vitales para la economía. Además, está vinculado con Israel mediante un tratado de paz. Su posición geográfica también permite comprender su liderazgo en el ámbito estratégico de Levante.
El proceso electoral que hace un año llevó a la Presidencia egipcia al líder de la hasta hace poco proscrita Hermandad Musulmana, Mohamed Mursi, fue considerado un paso decisivo para alentar el camino hacia la democracia. Sin embargo, el triunfo fue por un margen estrecho (51%) y la gestión presidencial, abiertamente parcializada en favor de la Hermandad Musulmana, se sumó al empeoramiento de la economía para producir una violenta revuelta popular, seguida por la intervención de las Fuerzas Armadas, que depusieron a Mursi de su cargo.
Cabe señalar que el deterioro económico ha sido sumamente penoso, visible en la inflación y en las pésimas condiciones de la infraestructura pública. Los inacabables paros del transporte, sumados a la carestía – y escasez– del pan y otros comestibles básicos, han devenido en una tortura diaria para los ciudadanos. Significativamente, la noticia del derrocamiento de Mursi generó un pronunciada alza en la Bolsa de Valores de El Cairo.
Mursi es un veterano luchador de la Hermandad Musulmana. Proscrita por largos años, la organización creció rápidamente y se transformó en una disciplinada fuerza política. Su legalización la encontró en excelente forma para las batallas electorales, como quedó demostrado en los comicios del año pasado.
Mursi adquirió compromisos para el ejercicio democrático de la Presidencia; sin embargo, transcurridos unos pocos meses, promulgó normas para imponer la charia, o ley islámica. De igual manera, reformó la Constitución para ampliar el ámbito de esa ley, lo cual produjo protestas. Igual ocurrió con la promulgación de normas donde el presidente impuso su autoridad por encima de altos funcionarios judiciales.
Ante una creciente oposición y fuertes críticas, Mursi se mostró autocrático y puso oídos sordos a la tormenta que se avecinaba. Ni siquiera en esas circunstancias aceptó el consejo de organizaciones cívicas y de Gobiernos amigos, para equilibrar su mandato con figuras ajenas al islamismo.
Un mes antes de que estallara la debacle, altos funcionarios estadounidenses insistieron ante Mursi en la importancia de hacer los cambios, incluyendo un reacomodo ministerial y modificaciones en la jefatura del Ejército. Mursi reiteró, airado, su negativa.
Numerosos testimonios sobre el curso de los eventos que pondrían fin al Gobierno, coinciden en subrayar las poses dictatoriales del presidente. El mandatario repitió varias veces que él ostentaba la legitimidad y no aceptaba intromisiones en su gestión.
Con el respaldo de millones de egipcios en la plaza Tahrir y en las vías públicas circundantes, así como en las concentraciones masivas en todo el país, el desenlace era ya conocido. Así, paralelamente a la gran concentración popular, el Ejército intervino en las oficinas de Mursi y otros funcionarios, para arrestarlos y separarlos de sus cargos. Asimismo, se dejó sin efecto la legislación controversial generada en el despacho presidencial.
La incorporación de Egipto en el sistema democrático, en virtud de las elecciones y los mecanismos constitucionales, fue una extraordinaria y feliz noticia en su momento. Lamentablemente, el navío pluralista resultó frágil en esta etapa, sobre todo por existir fuerzas que se consideran superiores y exentas de los deberes que conlleva la democracia.
Esperamos que el curso de los acontecimientos produzca una genuina reconciliación nacional, mediante la inclusión amplia de la ciudadanía y la solidaridad que deberá promoverse en sus filas.