La mitad de las viviendas costarricenses necesitan reparaciones para impedir el deterioro y prolongar su vida útil. La voz de alerta la da la Fundación Promotora para la Vivienda (Fuprovi), cuyo censo de 1.238.438 casas indica que 601.348 requieren de arreglos.
Unas 100.000 de esas viviendas ni siquiera pueden ser recuperadas mediante reparaciones. Deben ser reconstruidas y, en la práctica, constituyen el meollo del déficit habitacional. El otro medio millón de viviendas está en riesgo de incrementar la cifra de casos urgentes si la intervención reparadora no ocurre en el corto plazo. En síntesis, el país debe construir 100.000 viviendas y hacer importantes reparaciones en otras 500.000 para proveer a todos sus habitantes de un techo digno.
Esa necesidad contrasta con lo sucedido en la práctica: el número de viviendas en condición mala o regular aumentó en un 35% durante la última década. El problema se magnifica si se consideran los riesgos propios de una vivienda en condiciones vulnerables, sea en caso de siniestros generalizados, como un terremoto, o en situaciones particulares, como los incendios en casas con instalaciones eléctricas defectuosas.
Los fondos de los programas estatales dedicados a reparaciones son apenas un 7% del total invertido en vivienda. El financiamiento es escaso pero, además, la ley excluye de los beneficios a los más necesitados. Quien haya recibido en alguna ocasión un bono de vivienda, no puede ser considerado para las ayudas de reparación, ampliaciones, mejoras o terminación. Esa norma deja por fuera a los receptores de ayuda que no han logrado un sustancial incremento de sus ingresos.
Los beneficiados con los primeros bonos, otorgados cuando el programa de vivienda cobró fuerza, son en la actualidad propietarios de casas con tres décadas a cuestas.
Las autoridades del sector plantean la necesidad de reformar la ley para incluir en las ayudas concedidas para reparación a quienes recibieron bonos en el pasado. La idea tiene sentido porque el mantenimiento de las casas siempre será más barato que permitir su deterioro al punto de tornarlas inhabitables, pero la reforma no resuelve la escasez de fondos.
El buen estado de la casa tampoco garantiza la calidad de vida proporcionada por una vivienda digna. A lo largo y ancho de la geografía nacional hay familias con viviendas en buen estado cuyos habitantes son víctimas del hacinamiento. También es errado creer que los afectados solo son personas de bajos ingresos.
La clase media tiene años de esperar una respuesta a sus necesidades. Sucesivos gobiernos han lanzado planes más o menos ambiciosos, pero ninguno de suficiente envergadura.
Buena parte de los sectores medios están en un limbo, con ingresos demasiado altos para aspirar al apoyo estatal en el marco de los programas existentes y, al mismo tiempo, muy bajos para obtener de otras instituciones financieras el crédito necesario.
En esos sectores pueden hallarse, también, todas las manifestaciones del problema de vivienda: deterioro de la casa existente, hacinamiento y dificultades para procurarse un techo.
El agresivo programa de vivienda de la primera administración Arias tomó fuerza a partir de una declaratoria de emergencia a cuyo amparo se dirigieron cuantiosos recursos del Gobierno central, las empresas públicas y otras instituciones al objetivo de incrementar el número de techos y reparar los existentes. La flexibilidad concedida a los administradores por la declaratoria de emergencia les permitió concretar, con altísimo grado de ejecutividad, programas complejos integrados en un magno esfuerzo nacional.
El aumento en la complejidad de los mecanismos de gestión no permite soluciones tan expeditas en la actualidad. Sin embargo, la magnitud del problema aconseja a la próxima administración explorar la posibilidad de diseñar los medios necesarios para crear condiciones similares a las de 1986 y ejecutar, con menos ataduras, una gran campaña nacional a favor de la vivienda.