“El país ha sido gobernado con irresponsabilidad”, afirmó el presidente, Luis Guillermo Solís, en su informe de los cien días. La generalización es objeto de debate, pero nadie niega la correspondencia entre lo dicho y algunos notables casos de postergación, cálculo político y renuncia a enfrentar los problemas.
La corrección de las debilidades del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social es un caso para estudio. Años de debate entre la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la institución aseguradora dejan en claro la necesidad de revisar el régimen. No obstante, también evidencian la tenacidad invertida en negar el problema.
La última manifestación de esa tenacidad es, al mismo tiempo, una admisión de las debilidades del sistema y una confirmación de la voluntad de negarlas a ultranza. Un grupo de mandos medios de la Caja se reunió para organizar, preventivamente, la defensa del IVM frente a los resultados de un estudio apenas iniciado por la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados.
La empresa entregará sus conclusiones el año entrante, pero los funcionarios reunidos para emprender la defensa del régimen ya adivinan resultados “negativos”. También conocen las razones: la empresa suramericana aplicará una metodología distinta a la utilizada por la Caja. El estudio actuarial queda desautorizado de antemano, aunque la Caja y la Supén pagarán $125.000 por el examen contratado, precisamente, para dirimir las diferencias entre ambas.
En octubre del 2011, la polémica entre las dos instituciones por la salud del régimen alcanzó su máxima intensidad cuando el superintendente, Édgar Robles, acusó a la Caja de maquillar los estados financieros. El enfrentamiento fue la antesala del acuerdo adoptado poco después para contratar un estudio independiente.
La reunión donde se discutió la “defensa” del IVM contra los futuros cuestionamientos fue discreta. Solo trascendió al divulgarse una carta suscrita por Marianita Dormond, directora de Prestaciones Sociales, donde figura un resumen de los temas tratados.
En la cita se cuestionó el análisis contratado a Melinsky porque aplicará dos metodologías, una de ellas distinta a la empleada por la Caja. Habría, pues, una sola metodología válida, la de la institución, y quizá una sola forma de aplicarla, siempre partiendo de los supuestos definidos por la Caja y cuestionados por la Supén.
Ubaldo Carrillo, director de Pensiones, negó toda intención de crear un plan de defensa institucional frente a posibles cuestionamientos de Melinsky, pero adelantó la decisión de tomar en cuenta solamente una parte del estudio, no su totalidad. El superintendente Robles defiende el valor de las dos metodologías para comprender la situación del régimen. De entrada, parece extraño descartar una parte del examen, contratado como estudio integral.
La Caja pasó de una defensa numantina de la sostenibilidad del régimen a la admisión de la necesidad de ajustes en la base contributiva de los asegurados independientes y los generosos planes de jubilación anticipada. Admitió, al mismo tiempo, la necesidad de generar recursos frescos, pero nadie dijo de dónde saldrían. Luego, la institución adelantó en tres años la fecha proyectada como crítica para el régimen, aunque la Supén todavía la considera demasiado optimista.
En todos los casos, las medidas anunciadas por la Caja dieron, palmo a palmo, la razón a la Superintendencia, que las había mencionado como indispensables con antelación. La Supén también señaló el peligro de utilizar los intereses generados por el fondo para pagar pensiones y aguinaldos a los 211.248 jubilados del sistema. Para la Superintendencia, la medida delataba la falta de ingresos ordinarios suficientes. Para la Caja, era un recurso coyuntural. En el 2009, cuando por primera vez se utilizaron los intereses, el vacío a llenar era de ¢12.690 millones y solo ha crecido desde entonces. Este año alcanzará la suma de ¢37.000 millones.
El tiempo insiste en darle la razón a la Supén y así se llegó, a finales de la Administración pasada, al acuerdo de contratar el estudio independiente, muy distante de las negaciones iniciales y de la reticencia a compartir información con la Supén. Es por eso incomprensible que en algún sector de la Caja exista, a estas alturas, la intención de desacreditar el estudio apenas iniciado, no obstante los tercos argumentos suministrados por una realidad que ya no puede ser disimulada. El presidente Solís tiene la oportunidad, en este caso, de asegurar el ejercicio responsable del poder por el cual abogó en el Teatro Melico Salazar.