La organización no gubernamental Alianza por tus Derechos estudió la reacción judicial a la pornografía infantil en Costa Rica y documentó la persistencia de la impunidad. Según Rocío Rodríguez, directora de la entidad, “nadie va a la cárcel” por explotar de la manera más vil a los menores de nuestro país.
El problema está en las armas represivas a disposición de la justicia. La producción, tenencia y distribución de pornografía infantil se sancionan con penas cuyo extremo menor son tres años de cárcel, límite establecido por ley para conceder la ejecución condicional de la pena.
Son delitos difíciles de investigar y, aun cuando la Policía consigue la prueba necesaria, el acusado sin antecedentes sale libre, sin más cuentas pendientes que la amenaza de ir a prisión si vuelve a delinquir en el plazo fijado para la ejecución condicional.
El planteamiento de Alianza por tus Derechos captó la atención de la Embajada británica en San José. La legación diplomática adoptó la causa y promueve la aprobación de un proyecto de ley redactado por la organización no gubernamental para aumentar las penas. El Poder Ejecutivo también apadrina la iniciativa y envió la propuesta al Congreso.
Si el proyecto prospera, la producción y distribución de pornografía infantil se castigará con cuatro años de cárcel, como mínimo, y la pena por tenencia tendrá un extremo mayor de cuatro años, aunque el mínimo será de uno. En la actualidad, la sanción es de seis meses a dos años. El comercio, financiamiento, difusión, distribución y exhibición de pornografía infantil se castigaría con entre cuatro y ocho años de prisión.
En ocasiones hemos criticado la tendencia a pensar en la gravedad de las penas de prisión como solución mágica al problema de la criminalidad, pero las pretensiones de Alianza por tus Derechos son razonables. Podría más bien argumentarse que pecan por su moderación. El daño causado por la pornografía infantil a los miembros más indefensos de la sociedad es grave y duradero. Ningún esfuerzo desplegado para protegerlos está de más.
Costa Rica no puede, con seriedad, postularse como defensora de los derechos humanos mientras en su territorio la práctica de la pornografía infantil goce de algún grado de impunidad. Ponerle fin a ese extraño privilegio de quienes se lucran con la destrucción de la niñez está ahora en manos de los diputados, cuya buena voluntad puede adelantar la expiración del statu quo.
Consultado con la conciencia, el proyecto no debe plantear mayores dificultades ni oportunidades para la polémica. Tampoco hay duda sobre su urgencia. Se trata de un delito transnacional, potenciado por la tecnología digital y capaz de extender sus perjuicios por todo el orbe.
La explotación de la niñez costarricense puede darse en cualquier punto del planeta, como la niñez extranjera puede ser víctima de abuso en nuestro país.
Un caso salido a la superficie a mediados de año pone lo dicho en evidencia. Un comerciante de San Carlos, detenido por sospechas de divulgación de pornografía infantil, quedó al descubierto cuando autoridades de Inglaterra y Bielorrusia arrestaron a los creadores y administradores de una red con operaciones basadas en Internet. Los nombres de Ciudad Quesada, Bielorrusia e Inglaterra, mencionados en conjunto como sedes de la misma operación delictiva, solo pueden suscitar asombro. Hubo también allanamientos en Liberia, Puntarenas, Cartago y Pavas.
Precisamente en previsión de la dimensión transnacional del problema, el proyecto contempla una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería para negar el ingreso al país a foráneos con antecedentes, medidas cautelares o procesos penales pendientes por la comisión de delitos sexuales contra menores de edad.
El planteamiento también es innovador en la creación de castigos para la “pornografía virtual” y la “pseudopornografía”, consistentes en la simulación de la edad de un adulto para hacerlo parecer menor en el material pornográfico o utilizar imágenes, caricaturas, dibujos o representaciones de menores en actividad sexual.
La nueva ley de delitos informáticos sanciona la corrupción de la niñez por Internet con penas de tres a ocho años de cárcel. El proyecto de Alianza por tus Derechos no lo contempla, pero los legisladores podrían armonizar el artículo con la propuesta de esa entidad elevando el extremo menor de la pena a cuatro años. La defensa de la niñez costarricense y de otros países amerita la pronta aprobación de la feliz iniciativa.