Una de las características más notables de la maraña de beneficios concedidos al sector privilegiado de la Administración Pública es la desvinculación entre el incentivo y sus objetivos. Las anualidades deberían servir de estímulo para el buen desempeño, pero, si se conceden a prácticamente todo el personal elegible, sin una verdadera evaluación de las labores desplegadas, se convierten en un regalo injustificado e incosteable.
Otro tanto ocurre con la dedicación exclusiva, un arma para atraer talentos disputados por el sector privado. El beneficio eleva en un 20% el salario de los bachilleres y en un 55% el de los licenciados, así, sin más. No hay estudios del mercado laboral ni de los cargos donde el pago se hace aconsejable. Basta un oficio del jerarca para conceder la dedicación exclusiva.
El pago tampoco se justifica como premio a la probidad. Si el profesional puede valerse de su condición de funcionario público para ofrecer servicios privados, debe abstenerse de hacerlo por razones éticas. Para eso se le paga el salario, no la dedicación exclusiva. Lo mismo vale cuando la atención de asuntos ajenos a la función pública puede distraerlo del cumplimiento de sus deberes.
La dedicación exclusiva tampoco es un premio a los méritos académicos o a la obtención de títulos universitarios. Es un medio de reclutamiento y retención de profesionales con demanda fuera de la Administración Pública y difíciles de sustituir en razón de sus conocimientos.
El caso emblemático de la dedicación exclusiva pagada por los motivos equivocados es la contratación del exdiputado libertario Peter Guevara como asesor parlamentario entre el 2009 y el 2014. Guevara es arquitecto, pero no se le contrató por esa razón. Su asesoría no tenía relación alguna con la arquitectura y al momento de la contratación tenía 12 años de no ejercer la profesión. Nada de eso fue obstáculo para pagarle dedicación exclusiva.
Para elevar el nivel del absurdo, la dedicación exclusiva de Guevara no significaba la obligación de dedicarse exclusivamente a la asesoría parlamentaria. En su interpretación, el pago le impedía desempeñarse como arquitecto. Es decir, se le pagaba por abstenerse de hacer lo que de todas formas no hacía. Como la dirección administrativa y financiera de la televisora CB24 no implica ejercer la arquitectura, el exlegislador asumió esas labores mientras cobraba dedicación exclusiva en el Congreso.
El de Guevara es un caso extremo, pero ilustrativo de los efectos perniciosos de la dedicación exclusiva como se aplica en la actualidad. Como las anualidades, el beneficio está muy extendido. Unos 50.000 de los 135.000 empleados del Gobierno Central gozan de él. Por supuesto, no se trata de los funcionarios más modestos. En el 2016, el presupuesto prevé ¢125.000 millones para pagar dedicación exclusiva.
Las autoridades de gobierno no saben decir por qué. Según José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos, “no hay estudios técnicos para determinar a cuántas personas se les debería pagar dedicación o prohibición. El primer paso es contar con el detalle de la cantidad de funcionarios que reciben la compensación”.
Es decir, no se cuenta siquiera con un inventario. Si el gobierno carece de una información tan básica, menos sabrá si el beneficio cumple sus finalidades. El dinero se presupuesta y se gasta sin ton ni son. El viceministro reconoce que apenas están explorando la forma de controlarlo. Un primer intento es la directriz girada por el Ministerio de Hacienda a los jerarcas institucionales para exigirles un informe anual del número de beneficiados y la justificación del incentivo, pero la situación fiscal del país exige soluciones más inmediatas y confiables. Los informes anuales pueden, simplemente, ser archivados.