El tema del dique seco o flotante, vendido a Costa Rica pero no instalado, desaparece y revive en la prensa nacional, fluye y refluye, desde hace varios años. Al parecer, hay personas interesadas en cerrar definitivamente este capítulo, o bien, en abrirlo.
El dique seco ha sido un episodio oscuro en las relaciones entre Costa Rica e Italia. Sin duda alguna, hay que cancelarlo para que no siga enturbiando nuestros viejos nexos de amistad y cooperación. El quid está en el procedimiento o medio utilizado. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Naranjo, anunció el 8 de mayo pasado que sometería este enojoso asunto a un arbitraje internacional. Desde el punto de vista del derecho internacional, este es el instrumento adecuado para zanjar este tipo de divergencias. Sin embargo, este no es solo un problema jurídico, sino eminentemente moral en vista de la intervención en estos negocios de personajes de la política italiana cuestionados moral y penalmente. De nuestra parte, también hay fundadas dudas del manejo que, en su oportunidad, se le dio al asunto.
El dique seco formó parte de algunos negocios entre empresas italianas y el Gobierno de Costa Rica, gracias al otorgamiento de créditos blandos, al amparo del Convenio de Cooperación entre estos dos países. Entre estos negocios figuraban, además del dique, la venta de autobuses y una planta aceitera. El dique seco se vendió a Costa Rica en $13 millones. Sin embargo, los peritos lo valoraron en $7 millones. Al parecer, este era el método seguido por un grupo de mafiosos italianos: se facturaban los bienes vendidos a otros países en forma exorbitante, sobre el valor real. La diferencia sustancial se repartía entre las partes. Así se procedió en algunos países en América Latina y, por este motivo, se ha seguido causa penal contra algunos personajes italianos, conectados con Giulio Andreotti y Bettino Craxi, connotados dirigentes de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista italianos que habían conformado un verdadero cartel político y económico.
El proceso purificador de la política italiana, denominado manos limpias, inspirado por el juez Di Pietro y proseguido por la judicatura italiana, ha puesto al descubierto numerosos hechos de esta naturaleza. La Procuraduría de Milán investiga actualmente muchos casos de este tipo de cooperación, donde se encuentra el del dique flotante. En 1992, por cierto, el juez Di Pietro envió una rogatoria al Ministerio Público de Costa Rica para que se le permitiera interrogar a algunas de las personas que participaron en estas negociaciones. Lamentablemente, esta indagatoria no se pudo efectuar. No obstante, el camino sigue abierto para llevar a cabo una investigación a fondo de esta negociación. Esto es lo que cabe, en vez de un arbitraje que no tiene sentido, que puede afectar nuestros intereses y que, sobre todo, carece de sustento, por cuanto la Procuraduría General de la República declaró inválidos, en su oportunidad, tanto el negocio del dique seco como el Convenio Marco entre los gobiernos de Costa Rica e Italia.
En vista de lo anterior, la salida más razonable y digna es realizar una investigación sobre el negocio del dique flotante, con la colaboración del Gobierno italiano. La presencia de ciertos personajes italianos en este asunto tornan necesaria esta acción, en vez del arbitraje.