El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) reclama el atraso del proyecto Limón-Ciudad Puerto, planeado desde el 2008 y financiado con $80 millones provenientes de un préstamo contratado con el Banco Mundial. A los indignados dirigentes gremiales les asiste la razón y el Gobierno debe darles pronta respuesta, con hechos más que con palabras.
La Asamblea Legislativa hizo su parte hace catorce meses, cuando aprobó el crédito, y hoy la responsabilidad descansa, exclusivamente, sobre los hombros del Poder Ejecutivo. La posición de Sintrajap es merecedora de atención y respeto por el altruismo de los fines y la amplitud de la visión. La directiva no reclama privilegios ni excesos en beneficio propio, sino la ejecución de obras de provecho para la población en general.
El puerto del Atlántico merece la ampliación del alcantarillado sanitario para dar servicio al 95% de sus habitantes y también la construcción de defensas contra las inundaciones causadas por el río Limoncito. La renovación de edificios históricos, la ampliación de la iluminación pública y la mejora del mobiliario urbano son peticiones razonables, más bien modestas.
Una vez ejecutado el proyecto, el Gobierno debe ir más allá y en coordinación con sus instituciones impulsar un plan de inversión para la ciudad y la provincia, dueña de admirables riquezas económicas y culturales. Limón debe dejar de ser una Cenicienta y, si hoy sus organizaciones sociales reclaman el desarrollo equilibrado, sin prebendas ni temor al cambio, es preciso aprovechar la oportunidad para aunar voluntades.
Sobran las justificaciones para dirigir una mayor proporción de los recursos estatales hacia Limón. Basta reconocer la desigualdad del trato dispensado a la provincia a lo largo de la historia y también sus grandes oportunidades de desarrollo. Limón puede y debe ser mucho más que un puerto. Y puede, también, ser un mejor puerto. La nueva directiva de Sintrajap ha manifestado su voluntad de coadyuvar en busca de ambos objetivos, y esa buena disposición debe ser recompensada.
Doce unidades ejecutoras del proyecto Limón-Ciudad Puerto no han sido aun capaces de emprender una sola obra, dicen los sindicalistas, que atribuyen el atraso a la burocracia, la tramitología, la falta de interés y la ausencia de liderazgo. Con demasiada frecuencia, las mismas razones entorpecen la ejecución de obras en toda la geografía nacional, pero en el caso de Limón hay mucho en juego. En particular, el Gobierno se juega la credibilidad requerida para concretar los proyectos de modernización portuaria, de vital importancia para el desarrollo nacional.
Los $80 millones prestados por el Banco Mundial apenas representan el doble de las multas anuales pagadas por los sectores productivos del país para indemnizar los atrasos en la atención de barcos que atracan en el Caribe.
En un par de años de funcionamiento eficiente, los muelles limonenses retribuirían la totalidad de los recursos invertidos en el proyecto Limón-Ciudad Puerto, sin contar el dinamismo adicional derivado de la competitividad internacional.
Las nuevas perspectivas abiertas al turismo mediante una regeneración urbana también gozan de enorme potencial, sin contar otro sinnúmero de actividades comerciales e industriales posibles en una provincia que anhela el desarrollo.
La paranoia ideológica y la extracción de privilegios para unos pocos ya no dominan la política local, pero están latentes, en espera de oportunidades como las generadas por las promesas incumplidas. El Gobierno no puede darse el lujo de revivir las expectativas de quienes hasta hace poco fueron freno del progreso en la provincia. Es preciso cumplir y hacerlo a tiempo, sobre todo ahora que los recursos están disponibles.