Celebramos, el sábado pasado, el Día del Niño y, como correspondía, el tema central inspirador fueron sus derechos y, por extensión, los de los adolescentes, cuya contraparte son los deberes hacia ellos de los padres, de los educadores y, en general, de toda la sociedad.
Dentro de este contexto jurídico y ético, debe leerse un manifiesto publicado anteayer por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE). En este documento invitan a los educadores "a no realizar ningún acto de celebración" el próximo 14 y 15 de setiembre y a no llevar a cabo "trabajos extracurriculares que excedan la jornada laboral". Luego, notifican que para ellos el año escolar terminará el 25 de noviembre e impugnan "la readecuación y la ampliación del presente curso lectivo".
Estos cuatro anuncios exceden el marco de acción de una asociación o de un sindicato, por cuanto significan la suplantación de los poderes constitucionales, la suspensión de una hermosa tradición nacional y la violación de los acuerdos que remataron la reciente huelga del Magisterio. Por otra parte, estas decisiones carecen de fundamentación y todas contienen un mensaje antieducativo, además de perjudicar seriamente a los estudiantes.
Los festejos patrios no representan una concesión graciosa ni son una actividad anual superflua. Constituyen una importante celebración cívica, por lo que no cabe condicionarlos al pago "inmediato" de los salarios caídos. Yerran, por lo tanto, los dirigentes de APSE al estampar en su publicación esta sentencia: "Si no hay pago, no hay trabajo". El recto orden de las cosas y de nuestra legislación laboral camina en sentido contrario: "Si no hay trabajo, no hay pago", ya que se parte del hecho incontrovertible de un contrato laboral firme y no de una petición de trabajo.
Resulta, asimismo, antieducativo el llamamiento a no realizar trabajos extracurriculares sin retribución, por cuanto, además de coaccionarse la libertad ajena, se combate un valor moral básico: el servicio personal sin espera de recompensa, común a todas las profesiones y actividades de la vida. No puede aceptarse tampoco que, habiendo pactado estos dirigentes la readecuación del curso lectivo, en beneficio de los estudiantes, ahora, por sí y ante sí, anuncien su finalización el 25 de noviembre, lo cual representa un grave daño para la formación de los alumnos, además de invadir funciones que no les corresponden.
El sindicalismo es una organización social al amparo de la Constitución Política. Merece, por ello, respeto y apoyo. Sin embargo, la práctica sindical exige, frente al ordenamiento jurídico y ante los actuales desafíos, un cambio de mentalidad y una profunda renovación que, de no darse, seguirá lesionando al sindicalismo costarricense.