El ministro de Hacienda Nogui Acosta calificó el intento de aprobar una moción de censura en su contra como un ejercicio democrático, propio de las atribuciones de los congresistas, y manifestó el propósito de preservar su relación con los diputados sin alteraciones.
Sostuvo que siempre ha sido respetuoso de las posiciones de las fracciones y que “el respeto nunca les ha faltado”. Además prometió mantener la comunicación fluida, transparente y técnica intacta. “Los diputados podrán esperar de este ministro lo mismo que han tenido hasta ahora: responsabilidad, resultados y, sobre todo, comunicación”, afirmó.
La intención es loable. A nadie beneficia una relación marcada por la desconfianza entre los dos centros de poder indispensables para forjar la política fiscal. La conjunción de ambos, en el 2018, permitió librar al país de una de las peores crisis de su historia. El ministro Acosta recoge, en la actualidad, los frutos de aquellos acuerdos.
Sin embargo, Acosta no debe llamarse a engaño. Su credibilidad está dañada y no hay ganancia en preservar el estado actual de su relación con el Congreso. Su aspiración, cuando menos, debe ser repararla, aunque eso, si es posible, exigirá tiempo y cuidado. Según el ministro, el fracaso del voto de censura “refleja que no había voluntad” para imponérsela, pero un examen detenido de la votación disputa la existencia del deseo de exonerarlo.
El voto de censura no puede ser aprobado sin apoyo de dos terceras partes de los diputados presentes. Es una altísima exigencia para impedir la aprobación de censuras a capricho de los grupos opositores. En este caso, la censura falló por dos votos. Treinta y tres legisladores votaron a favor. Es una holgada mayoría del Congreso y habría bastado para aprobar casi cualquier ley, incluidas las iniciativas fiscales propuestas por el ministro en las últimas semanas.
Cinco votos de la Unidad Social Cristiana y cuatro de la bancada de Nueva República impidieron la censura, pero ni siquiera esta última agrupación, con frecuencia próxima al oficialismo, se abstuvo de criticar las actuaciones del ministro en el fiasco del llamado megacaso tributario, incoado contra una empresa de Leonel Baruch, principal accionista del periódico digital CRHoy.
Los socialcristianos se dividieron en dos fracciones de tres votos a favor y cinco en contra de la censura. Para oponerse, los cinco legisladores, próximos al exdiputado y ahora representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Erwen Masís, desoyeron al secretario general del partido y rechazaron una moción escrita con intervención de dos de sus compañeros.
Las repercusiones del “megacaso” no se disiparán con el resultado del voto de censura. Baruch anunció el propósito de trasladar el asunto a los tribunales y, si lo hiciera, bien podría volver a la Asamblea Legislativa en forma de un pedido de levantamiento de la inmunidad ministerial.
Pero el fiasco del “megacaso” no es la única fuente de dudas legislativas sobre el desempeño del ministro. El paquete de impuestos presentado al Congreso con graves errores también pesa en la relación. Acosta asumió personalmente el “error” de reducir el monto exento del impuesto sobre la renta, pero su afirmación llenó de dudas el ambiente y pronto hubo polémica por otras equivocaciones, como los impuestos pretendidos para los boletos aéreos y el efecto general de la reforma tributaria propuesta que, según la administración, no generaría nuevos ingresos.
La reconstrucción de la confianza exigirá del ministro mucho más que la preservación de las relaciones establecidas hasta ahora con los diputados y su confianza en la falta de voluntad para censurarlo. Lo sucedido en la Asamblea Legislativa dista mucho de ser una manifestación de simpatía.