Los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social han comenzado a adoptar medidas de vigilancia para asegurar el cumplimiento del horario por parte de los médicos y controlar abusos, como la atención de pacientes de la consulta privada durante horas de servicio en la institución pública.
Las medidas incluyen la instalación de relojes marcadores, cámaras para registrar la hora de ingreso y salida de los estacionamientos y comisiones dedicadas a revisar, al azar, los movimientos del personal. El incremento de los controles responde a recomendaciones de la auditoría interna de la Caja, sin duda, motivadas por la existencia de abusos.
Unos 5.300 médicos laboran para la institución y la falta de cumplimiento por parte de algunos de ellos implica costos económicos y deterioro del servicio, pero cabe preguntar por qué una entidad empeñada en establecer rigurosos mecanismos de inspección en salvaguarda del interés público ha sido tan poco entusiasta en la ejecución de tareas de fiscalización mucho más importantes, en particular el desarrollo del Expediente Digital Único en Salud (EDUS).
La principal utilidad de la digitalización es eliminar los archivos de papel y sustituirlos por fichas electrónicas accesibles desde cualquier centro médico, sin peligro de pérdida de exámenes y otros documentos de importancia, con lo cual se economiza tiempo y trabajo necesarios para custodiar y trasladar los expedientes físicos.
Pero el EDUS también permitiría controlar horarios, uso de quirófanos, entrega de incapacidades y suministro de medicamentos, entre otros. El proyecto fue anunciado en 1998 y, 17 años más tarde, todavía no se ha concretado.
En junio del 2012, la Sala Constitucional ordenó a la Caja adoptar el expediente digital “en un plazo razonable”. Poco después, la presidenta Laura Chinchilla también pidió acelerar el desarrollo del programa y, con ese fin, le solicitó a la Caja abandonar la idea de diseñar la solución informática y, más bien, acudir a expertos extranjeros. Una legión de informáticos de la institución lleva años dedicados a inventar lo que ya existe en Corea, España y Ecuador, para citar solo tres ejemplos.
A la fecha, la institución cuenta con un puñado de planes piloto y otros avances, todavía distantes del EDUS, aunque la comisión de notables designada para estudiar la crisis de la institución durante la administración pasada calificó como “inadmisible” la ausencia del instrumento digital. La Asamblea Legislativa se unió a las exigencias y aprobó un proyecto que fija un plazo de cinco años, cuyo vencimiento se daría en el 2018. Aunque la Caja cumpla, será difícil explicar las dos décadas de atraso transcurridas desde 1998.
Existen razones para sospechar que los controles hechos posibles por el EDUS estén entre las causas de tanta postergación. La desaparición de la burocracia necesaria para manejar los expedientes físicos, el control de la productividad del personal médico, la fiscalización del uso de equipos y la supervisión de las citas podrían estar entre los motivos del lento desarrollo del EDUS, además del gran número de informáticos dedicados a la tarea.
La digitalización también podría suscitar temores de exceso de demanda cuando el trámite de citas se simplifique y las filas visibles, a temprana hora en muchos centros de salud, dejen de funcionar como barrera para asegurados con poco tiempo, dolencias menores y posibilidad de acudir a la medicina privada.
Ninguna de las razones apuntadas es válida. Todas son inadmisibles y, si la Caja es sincera en la intención de mejorar el control de su prestación de servicios y evitar abusos, el camino más eficaz está señalado desde 1998. Una institución tan compleja no puede depender, exclusivamente, de relojes marcadores y cámaras de vigilancia.