Inspirado en el “modelo ecuatoriano”, un miembro del Directorio legislativo propone al Gobierno adquirir acciones en los medios de comunicación. Horrorizado, el partido que lo llevó al Congreso se apresuró a distanciarse de la ocurrencia y, si se le consultara al resto del Directorio, probablemente haría lo mismo.
Por fortuna, las convicciones democráticas del costarricense constituyen una barrera infranqueable ante las pretensiones de subyugar a la prensa y convertirla en porrista de los gobernantes. No hay peligro inminente, pero la sugerencia debe ser reconocida como una manifestación extrema del pensamiento conducente a imponer a la información tantos controles como sean posibles.
No es de extrañar, entonces, que el Directorio del cual el diputado es integrante haya decidido probar los límites. Una directriz aprobada el 10 de diciembre impone el silencio a los funcionarios legislativos y exige a la prensa tramitar todas las peticiones de información por medio de la Dirección Ejecutiva del Congreso.
Las excusas son las usuales: garantizar la integridad de los datos, ordenar su entrega y, más bien, tutelar el derecho a acceder a la información. Ingratos, los periodistas no perciben esas ventajas y preferirían, casi sin excepción, conseguir respuestas directas y tan inmediatas como sean posibles, sin la intervención de ningún funcionario de jerarquía ni la garantía de “sanidad” de los datos supuestamente proporcionada por la diligente supervisión de los superiores.
Las limitaciones a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información siempre se anuncian con un lenguaje orwelliano, en todas sus manifestaciones, desde la posición extrema mostrada por el admirador del régimen de prensa en Ecuador hasta las menos radicales, como la directriz del Directorio legislativo. Las cortapisas se imponen, según sus promotores, para beneficio de la sociedad, seguridad nacional, protección de grupos desvalidos, orden, garantía de veracidad y cuanta excusa esté a mano. Las verdaderas razones son, por lo general, menos altruistas.
Entre los fines inconfesos suelen estar deseos de impedir la revelación de datos comprometedores, conservar la oportunidad de maquillarlos, saber por dónde andan las preocupaciones de los periodistas, qué piensan publicar y anticipar reacciones. Las aspiraciones de control sobre la información son frecuentes en todos los Gobiernos, pero no riman con las promesas de transparencia pregonadas con brío e insistencia mientras dura la campaña electoral.
En Costa Rica, esos esfuerzos casi siempre terminan en naufragios, cortesía de la Sala Constitucional, o, simplemente, en descrédito de sus impulsores cuando se denuncia el intento de retener, adulterar o retrasar la entrega de información pública. La decisión del Directorio ya fue cuestionada ante los magistrados y la prensa no renunciará a exigir la entrega oportuna de los datos que tiene derecho a conocer.
Las víctimas, en este como en otros casos, serán las promesas de transparencia y cambio, así como la credibilidad de quienes las formularon. La información de interés público seguirá llegando a sus propietarios, los ciudadanos, porque ese es el compromiso y razón de ser de la prensa. Una y otra vez, por medios electrónicos o impresos, el periodismo nacional ha demostrado su fidelidad a ese compromiso.
La directriz del Directorio legislativo, por lo pronto, complica la labor informativa. Elimina la reacción espontánea, mediatiza la información y entorpece el acceso, pero, desgraciadamente, no hay novedad alguna en el planteamiento. La aspiración de gobernar en la sombra ya cuenta muchas derrotas.