La carreta va detrás de los bueyes. Más allá de lo que pase con los acuerdos para ampliar la ruta 32, es preciso recordarlo de ahora en adelante. El empréstito fue sometido a consideración de la Asamblea Legislativa sin antes despejar importantes dudas sobre el diseño de la carretera y la ejecución de las obras. Hoy, nadie sabe cuánto costarán en realidad.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) garantiza que los fondos del préstamo negociado con China alcanzarán para concluir los trabajos. Para lograrlo, las sumas contratadas con la empresa china encargada de la obra no sufrirán alteraciones. Al mismo tiempo, asegura que la constructora deberá aceptar las modificaciones propuestas por Costa Rica, entre las cuales hay varias muy costosas, como la ampliación del ancho de la vía y las intersecciones para ajustarlas a los requerimientos de la normativa nacional y centroamericana.
Sin esos ajustes, el propio ministro Carlos Segnini pone en duda el refrendo del contrato por la Contraloría General de la República. En otras palabras, la empresa china CHEC haría las obras adicionales sin aumentar el precio. El hecho despertaría duda sobre la suma inicialmente pactada, pero es demasiado pronto para plantearla porque todavía no hay respuesta de CHEC.
Si el MOPT se expresa con tanta seguridad sobre las probabilidades de éxito de sus peticiones a CHEC, debe ser porque la empresa le ha manifestado anuencia a aceptarlas. Sin embargo, esa voluntad no se ha plasmado en un documento capaz de dar seguridades al país. EL MOPT y la carretera están en manos de CHEC, y en esas condiciones se planteó la aprobación del empréstito al Congreso.
Pero, cuando la empresa manifieste formalmente su anuencia a cumplir los requerimientos del MOPT sin elevar el precio, todavía estaremos lejos de poder calcular el costo total del proyecto. El ministro Segnini advirtió que, si bien el precio pactado con CHEC no subiría, la contraparte costarricense será, inevitablemente, mucho mayor.
No se sabe cuánto, pero, por lo pronto, hay certeza de la insuficiencia de los $20 millones presupuestados para trasladar la infraestructura de servicios públicos y hacer las expropiaciones necesarias. El 12 de junio del año pasado, cuando el Gobierno no había dado el giro de las últimas semanas y mantenía serios cuestionamientos al proyecto –consistentes con los expresados cuando la anterior Administración lo anunció y, luego, a lo largo de la campaña electoral–, el ministro Segnini compareció ante los diputados e hizo suyas las estimaciones del expresidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo sobre el costo de trasladar el poliducto.
Antes de citar al expresidente ejecutivo, el ministro enfatizó que se trata de la “valiosa opinión del jerarca de Recope en la pasada Administración”, es decir, la que negoció la ampliación de la ruta 32 en un inicio. Así dejó establecida la credibilidad del testimonio, porque proviene de un alto funcionario del mismo gobierno que ideó el proyecto. Acto seguido, relató que en opinión de Littleton Bolton Jones, el traslado de las tuberías de Recope “no tendría un costo inferir a $50 millones, tomando como referencia la construcción de la tubería de doce pulgadas en la década pasada”.
La suma es dos veces y media lo presupuestado para la totalidad de las expropiaciones y traslado de servicios, y cinco veces lo planeado para este último rubro, considerado en sí mismo. Al traslado de los ductos de Recope es preciso sumar el costo de mover la fibra óptica y las líneas de distribución de energía del Instituto Costarricense de Electricidad, así como las tuberías de Acueductos y Alcantarillados, entre otras obras.
En su intervención ante el plenario, el ministro dijo a los diputados que ofrecía el dato mencionado, y algunos otros, “para ponerles en perspectiva que, efectivamente, las instituciones involucradas no han tenido claridad alguna en cuanto a un precio y divagan. Y esta es la confusión que yo, como insumo a ustedes, señores y señoras diputados, les quiero hacer llegar para la toma de una decisión más informada”.
Hoy, el ministro confirma que la situación descrita por él en junio del año pasado no varió, pues se limita a decir que la contrapartida costarricense se encarecerá, pero no sabe en cuánto. Sin embargo, esa incertidumbre dejó de ser una objeción al proyecto.
En aquella oportunidad, también se quejó ante los diputados de la “carencia de una estimación objetiva y fundada de los costos y del precio de suma alzada. La propuesta de costo presentada por el contratista se basa en su propia estimación de cantidades de obra, con base en el anteproyecto referencial… y su propio estudio de precios locales”. Ahora, el ministro acepta el precio, siempre que incluya las modificaciones propuestas a CHEC. Quizá, con esas variaciones, el precio final sea apropiado, pero es evidente que, a lo largo de todo este proceso, la carreta ha tirado de los bueyes.