La Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones, presentada en el cuatrienio pasado por el diputado Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana, pondrá freno al otorgamiento de nuevas jubilaciones de lujo. Poco se puede hacer con las ya concedidas, aunque los montos ofenden todo sentido de la justicia, pero convenios internacionales y jurisprudencia de la Sala Constitucional cierran la puerta a nuevas reformas para la moderación más allá de lo conseguido hasta ahora.
Solo podemos frenar la sangría, y el proyecto de ley capaz de hacerlo está listo para votación en primer debate. Las seis bancadas de la Asamblea Legislativa acordaron retomarlo esta semana. El buen ambiente en el Congreso y los avances del texto en la legislatura anterior alimentan esperanzas de una pronta aprobación.
La ley trasladará al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los funcionarios con posibilidad de pensionarse mediante sistemas con cargo al presupuesto nacional. Esos regímenes nunca debieron existir porque privilegian a algunos empleados estatales por encima del grueso de la población nacional.
Para colmo de inequidades, las ventajas de los regímenes de privilegio se pagan con los impuestos de quienes no tienen acceso a ellas. Incluso los grupos más necesitados, cuya contribución tributaria es mínima, pagan con la reducción de los presupuestos necesarios para brindarles asistencia y servicios.
Las ventajas injustificadas incluyen el pago, a título de pensión, del promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 devengados. En algunos casos, el beneficio se obtiene a los 55 años si el funcionario completó 30 años de servicio, y no a los 65, como la gran mayoría de las personas cotizantes al IVM.
La combinación del elevado monto de la jubilación y la década adicional de disfrute del beneficio lo hacen incosteable. No hay motivo para permitir el retiro a los 55 años cuando la Caja más bien cierra el camino a la jubilación anticipada, a los 62 años, para evitar la insolvencia de un régimen cuyo beneficio apenas ronda la mitad del salario.
Por eso, la equidad, eficiencia y sostenibilidad pregonadas en el título de la ley son fieles a los propósitos de su articulado. La reforma es, ante todo, un imperativo de la equidad mediante la recuperación del equilibrio roto por la concesión irresponsable de privilegios a grupos de presión organizados a costa de la ciudadanía desarticulada.
Otro proyecto de ley, presentado por la entonces diputada liberacionista Yorleny León, complementa al descrito, eliminando la tercera pensión creada, con cargo al erario, para los funcionarios de cinco instituciones estatales. La iniciativa estaba en el plenario con un dictamen negativo de mayoría y la recomendación de archivarlo, pero los legisladores decidieron devolverlo a comisión durante dos meses para discutir un texto sustitutivo. “Es un proyecto de suma importancia para las finanzas públicas. Para la fracción de la Unidad es importante aprobarlo para frenar los abusos”, dijo Daniela Rojas, jefa de la bancada socialcristiana.
El desorden creado en los regímenes de pensiones especiales fue obra de décadas. Solo la constatación de su insostenibilidad abrió la posibilidad de reforma. Mucho ha perdido el país en el camino y no hay como justificar más posposiciones. La Asamblea Legislativa haría bien si lo reconoce con la expedita aprobación de las enmiendas. El interés mostrado hasta ahora por los nuevos legisladores y también por el Ejecutivo permite tener esperanza.