El juez Óscar U. de Miranda enmienda la plana, con toda razón, a nuestro editorial del 22 de febrero. En efecto, consignamos, por error, que en el Tribunal de Trabajo de San José “solo 402 expedientes quedaron resueltos el año pasado y el 2012 comenzó con 1.174 casos pendientes, trabajo suficiente para los próximos tres años, si el despacho labora al ritmo del 2011 y no recibe expedientes nuevos”.
El dato correcto, publicado ayer por el juez Miranda, es de 1.740 expedientes resueltos en el 2011. Lamentamos el error, pero su existencia no afecta las observaciones hechas sobre el asunto de fondo: la mora judicial y la decisión mayoritaria de los integrantes del Tribunal de sustraerse del Programa de Gestión de Calidad (GICA) promovido por el magistrado Rolando Vega Robert, cuya insistencia en mantener al despacho dentro del programa motivó a los jueces a plantear una acusación por acoso laboral.
En lugar de la cifra errónea, debimos decir que la denuncia contra el magistrado fue planteada por los jueces de un tribunal que al 31 de mayo del 2011 tenía 905 expedientes iniciados en el 2010 o antes, cuatro de ellos tan antiguos como el 2002. El programa de descongestionamiento implementado en el marco del GICA produjo la resolución de 498 de esos casos al 31 de octubre. En esa fecha, quedaban 407, diez del 2009 y 397 del 2010. Hubo, pues, ciudadanos que esperaron nueve años para saber el resultado de sus gestiones.
El año 2012 comenzó con 1.175 expedientes, equivalentes a dos terceras partes de los casos resueltos en el 2011 con ayuda del plan de descongestionamiento. En el curso de este año, desde luego, el Tribunal acumulará nuevos expedientes. Los datos hasta ahora consignados fueron tomados por el GICA directamente del sistema de gestión de despachos judiciales. Para mayor certeza, los funcionarios del programa los confrontaron con los libros del Tribunal.
Debimos haber dicho, en lugar de citar la cifra errónea, que en un informe del 17 de febrero del 2012, suscrito por la Licda. Ginethe Retana Ureña, contralora regional a. í. del Segundo Circuito Judicial de San José, constan, entre otras, las siguientes conclusiones:
1- “La cantidad de gestiones recibidas durante el 2011 en esta Contraloría de Servicios por parte de las personas usuarias del Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, se incrementaron en un 100% en relación con el 2010. El 91% del total de inconformidades recibidas (68) fueron valoradas como justificadas, es decir que hay un alto porcentaje de las gestiones que están debidamente fundamentadas cuando son hechas de nuestro conocimiento'”.
2- “El 92,6% del total de las inconformidades ingresadas durante el 2011 para este Tribunal son por el motivo de “retardo judicial”, y el 96,8% de ellas fueron valoradas como justificadas”.
3- “Al momento de hacer el análisis, el Departamento de Planificación tomó en consideración el circulante de expedientes reportado en diciembre de 2009, el cual era de 1.479 asuntos que, al compararlo con la situación a diciembre de 2011, tan solo ha disminuido en 300 asuntos aproximadamente”.
Las recomendaciones contenidas en el informe no son menos críticas de la labor del Tribunal: “Se recomienda que el Departamento de Planificación realice en forma urgente un nuevo estudio en el Tribunal de Trabajo, con el propósito de analizar la situación real en cuanto a los márgenes de bajo rendimiento de los jueces y juezas del despacho en la productividad, según lo indicado en el informe Nº 030-PLA-PI-2010, elaborado en el 2010. Asimismo, se valore la capacidad de respuesta actual en la carga de trabajo existente incorporando dentro del análisis las variables consideradas en el presente informe en cuanto a los periodos de ausencia”.
La mora, pues, existe, aunque no dejaremos de lamentar haberla ilustrado con el dato erróneo. El GICA ayudó, en alguna medida, a aliviarla, al punto que ciudadanos ansiosos de justicia desde el 2002 la consiguieron en el 2011. En esas circunstancias, es difícil entender la decisión de separarse del programa y, como dijimos el miércoles, surgen dudas sobre la acusación de acoso laboral contra el magistrado Vega quien, hasta donde se ha podido saber, advirtió a los jueces sobre una posible intervención del Tribunal y reclamó el desperdicio de fondos públicos invertidos durante los diez meses de aplicación del programa.
No dijimos, como parece interpretarlo el juez Miranda, que la denuncia carece de fundamento. Para saberlo es necesario conocer el contenido de los mensajes y llamadas del magistrado, y ninguna de las partes lo ha revelado en detalle. La Corte Plena hará un análisis preliminar del asunto el lunes y decidirá si hay mérito para iniciar una investigación.
El editorial expresó una duda en vista del cuadro general y de cuanto se conoce sobre la intervención del magistrado. Esos elementos --los conocidos– no alcanzan, en nuestro criterio, para sustentar la acusación. Introducen, en cambio, una duda sobre el abandono del programa y la presentación de la denuncia. En relación con ambos aspectos vale, pues, reiterar las preguntas formuladas en el editorial de marras: ¿Puede la Corte contemplar, cruzada de brazos, una situación como la del Tribunal de Trabajo? ¿Debe abstenerse de actuar ante el rechazo, por ese mismo tribunal, de un programa de mejora? ¿Importan los fondos invertidos en el transcurso de diez meses? ¿Es todo llamado a mejorar una injerencia indebida?
La eficiencia en la función pública no debe ser una decisión voluntaria. La corrección de las deficiencias es una obligación, y los jueces no pueden olvidar que la rendición de cuentas tiene sustento ético y, también, constitucional.