El Gobierno fue condenado por el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda por un sobreprecio al arroz, aplicado entre mayo del 2013 y junio del 2015, y ordenó devolver el dinero cobrado de más a los consumidores. Y aunque todavía no se conocen todos los detalles de la sentencia, ni cuánto debe devolver, varias lecciones se pueden derivar de esta resolución trascendental.
La primera es que, en general, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ha venido actuando de manera muy equivocada en su política arrocera. Es, además, contradictoria. Ha retrocedido en la política de liberalización del comercio plasmada en los tratados internacionales y la agenda de reducción de aranceles iniciada en el gobierno anterior, y recurrido a mecanismos proteccionistas indirectos, pero igualmente contrarios para el bienestar de los consumidores, como la adopción de medidas fitosanitarias o cláusulas de salvaguarda.
El proteccionismo conlleva una mala asignación de los escasos recursos productivos, estimula la ineficiencia y condena a los consumidores, que en su mayoría son de escasos recursos, a pagar precios más caros. Les reduce de hecho sus ingresos disponibles o, visto de otra forma, les baja los salarios reales. Pero el gobierno no lo ha querido ver así. En el caso del arroz, los precios internacionales han caído significativamente sin que esos beneficios lleguen a los consumidores.
El MEIC se ha encargado de encarecer ese grano esencial con medidas directas e indirectas. Elevar los impuestos arancelarios a la importación del grano e invocar cláusulas de salvaguarda para proteger a los productores, va en contra de las familias más pobres. Lo irónico de esta posición es que el propio ministro del ramo, en declaraciones dadas a La Nación el 17 de agosto pasado, dijo estar dispuesto a proteger a los productores y que “le preocupa mucho el consumidor”. Totalmente contradictorio.
El caso ventilado en el Tribunal tiene sus antecedentes. Desde el 2013 la Asociación de Consumidores Libres ha venido impugnando una serie decretos del MEIC donde se fijaban los precios del arroz con criterios ajenos al interés público, representado por los consumidores, que son numéricamente más que los productores y disponen, en promedio, de menor ingreso disponible. Además, hay unos pocos productores e industriales muy grandes que son los que más se benefician del proteccionismo y fijación arbitraria de precios, que han resultado muy altos en relación con los valores internacionales o denominados precios de frontera. Desde nuestro punto de vista, y aparentemente el del Tribunal, el verdadero interés público yace en las mayorías consumidoras.
El tribunal precisamente cuestionó la idoneidad de los precios fijados por el MEIC, que considera arbitrarios, y la política poco transparente de la cláusula de salvaguarda que debía ser de carácter temporal y para satisfacer una emergencia cuantificable y debidamente justificada. El MEIC no pudo demostrar que la cláusula invocada no tenía un carácter proteccionista permanente, ni que su política de precios beneficiaba a los más pobres, y no a los productores más poderosos de la industria arrocera, en detrimento del consumidor, como es la realidad. Eso justifica el contenido del fallo.
En buena ley, y como corresponde en derecho, el gobierno debe ahora determinar la manera cómo se le devolvería el subsidio otorgado a los productores e industriales agrupados en la Corporación Arrocera. Pero no lo ha hecho así ni ha dicho cómo ni cuándo piensa cumplir la sentencia. Idealmente, debería decretar una reducción de precios al consumidor hasta restablecer los montos de más percibidos entre el 2013 y junio del 2015. Pero nosotros creemos que esa devolución, aunque justa, no resolverá el problema de fondo, que va mucho más allá.
Lo que debe hacer el MEIC es solucionar de una vez el problema: derogar los decretos de fijación de precios de todas las mezclas y variedades, permitir la libre importación respetando los dispuesto en los tratados internacionales y solicitar la derogatoria de las normas que amparan la Corporación Arrocera y los derechos abusivos que se han creado en torno a su operación. Solo así se restablecería lo dispuesto en la resolución del Tribunal y los derechos de los consumidores.
Pero ¿cuál ha sido la respuesta del ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos? Ha sido, hasta ahora, muy decepcionante. En vez de tratar de revertir sus desafortunadas políticas, declaró estar dispuesto a presentar un recurso de casación impugnando lo resuelto por el tribunal para tratar de anularlo o minimizarlo. Con esa actitud deja mucho que desear. Además, se opuso a que los importadores de arroz ofrecieran a los consumidores promociones o beneficios para abaratar, de hecho, los precios regulados, con tal de no echar atrás en el proteccionismo. Esa actitud también ha sido, y es, muy reprochable. Esperamos que cambie de opinión.