El acuerdo celebrado entre varios partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, incluidos el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), para aplicar el procedimiento legislativo denominado vía rápida (artículo 208 bis del reglamento legislativo) al proyecto de ley de impuesto a las sociedades jurídicas sin antes aprobar ni avanzar en los otros proyectos tendientes a reducir el gasto, reabre la discusión planteada a principios de la presente legislatura: ¿Deben aprobarse nuevos impuestos sin antes reducir el gasto de manera sostenible? La respuesta se ofrece a continuación.
Para responder, el antecedente obligado es ubicar el problema fiscal en el contexto adecuado. No se trata de decidir si el eventual impuesto a las personas jurídicas (expediente N.° 19.818) se justifica por sí solo, ni, tampoco, si el destino específico al que se destinarán los recursos es suficientemente adecuado desde los puntos de vista social y económico. Lo que debe prevalecer es la situación fiscal en su globalidad y la forma de enfrentarlo: paso a paso en el tiempo, desperdigadamente, dejando fuera unas iniciativas y privilegiando otras, como pretenden algunos, o de una manera global, integrando gastos e ingresos, como sugerimos nosotros, para asegurar un resultado macroeconómico eficiente y sostenible, capaz de sacar el país adelante.
Una de las principales limitaciones del proyecto para gravar adicionalmente a las personas jurídicas que ya, de por sí, soportan un impuesto sobre la renta y otro independiente sobre los dividendos a los accionistas, es que no servirá para reducir el déficit fiscal, pues tiene un destino específico: financiar gastos adicionales del Ministerio de Seguridad. Y aunque reforzar la seguridad del país es una necesidad muy sentida, bien se podría, o debería, satisfacer mediante una reducción de otras partidas presupuestarias para que los nuevos ingresos impliquen una mejoría en el abultado déficit financiero y la deuda pública, que ha venido creciendo preocupantemente.
Siempre hay –y habrá– múltiples necesidades económicas y sociales por atender en exceso de los recursos disponibles. Entonces, hay que establecer prioridades. Si se justifica mejorar la seguridad, actualmente mal atendida, debe prescindirse de otras actividades menos prioritarias y mejorar la calidad y efectividad del gasto, sobre todo en lo social, donde numerosos estudios demuestran la prodigalidad y baja eficiencia, y recomiendan cambiar de enfoque: hacer más con menos recursos, tal y como hemos recomendado en el pasado. Si para cada necesidad se crea un impuesto específico, se drena el principio de caja única y, con él, las posibilidades de asignar los escasos recursos de conformidad con las necesidades cambiantes de la sociedad. La historia hacendaria demuestra que, una vez creado un impuesto con destino específico, nunca se revisa independientemente de la justificación original de las necesidades.
Lo más urgente en estos momentos es reducir el déficit fiscal. Y aunque en términos del producto interno bruto (PIB) se ha logrado bajar un poco, de un 6% del PIB originalmente estimado para el 2016 a un 5% del PIB aproximadamente en la actualidad, la brecha sigue siendo todavía muy elevada y con visos de deteriorarse el próximo año, según apuntamos en un editorial anterior. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Banco Central estiman que, de no reducirse ahora, el impacto sobre la deuda pública, inflación y tasas de interés sería cada vez mayor y muy desestabilizador. Minaría la confianza en la inversión nacional y extranjera, generaría una degradación eventual de la deuda soberana y alejaría las posibilidades de acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y eso nos lleva a examinar los compromisos asumidos por el país para realizar una reforma fiscal integral.
Ante la OCDE, se comprometió a sanear sus finanzas públicas, pero de una manera sostenible, pues cada cierto tiempo se reexamina la situación de cada país para valorar su permanencia en esa organización internacional. Nada se gana con una reducción modesta y temporal del déficit financiero, como ahora, si a la vuelta de unos pocos meses la situación se vuelve a deteriorar. Con el FMI, el compromiso es reducir el déficit fiscal por la doble vía de menores erogaciones y mayores los ingresos ordinarios, con lo cual las autoridades fiscales y monetarias coinciden. Previamente, el propio gobierno se había comprometió con los costarricenses a resolver el problema fiscal de manera definitiva en los primeros dos años de su administración, antes de solicitar nuevos impuestos. Y como no cumplió a cabalidad, los principales partidos de oposición representados en la Asamblea Legislativa se comprometieron entre ellos, y también ante la ciudadanía, a no tramitar nuevos impuestos antes de avanzar en la reducción del gasto. Todos estos compromisos se han incumplido visiblemente.
Independientemente de los cálculos electorales que puedan realizar los partidos individual o colectivamente, es necesario que todos vuelvan al redil, particularmente el PLN, que ha liderado la ruptura del compromiso con las demás fracciones de oposición para acceder a la presidencia de la Asamblea Legislativa y el propio gobierno, para continuar con los compromisos para efectuar una reforma fiscal integral. Aprobar impuestos aisladamente con destinos específicos no contribuye a resolver la situación. Ahora, más que nunca, el país requiere cumplir sus compromisos fiscales. Entre más se posponga la solución comprensiva al problema fiscal, más gravoso habrá de ser el ajuste en el futuro.