Largos años han pasado para dotar al Estado costarricense de una plataforma digital para hacer compras de bienes y servicios con transparencia, eficiencia y a mejor precio. Exasperada por las dilaciones, la expresidenta Laura Chinchilla decretó, en setiembre del 2013, la obligatoriedad del sistema Mer-Link en toda la administración central, pero eso no significó el fin del proceso. En el 2014, la nueva administración frenó el plan y amplió hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para abandonar la anterior plataforma, conocida como CompraRed. Sobre la base de Mer-Link, los técnicos construyeron el Sistema Integral de Compras Públicas (Sicop), que ya está disponible pero es muy poco utilizado.
El 86% del dinero gastado en los primeros nueve meses de este año en bienes y servicios para 58 entidades gubernamentales no se invirtió mediante Sicop y dependió de trámites en papel, menos transparentes y eficaces. Buena parte de esas compras son del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el mayor contratante del periodo, pero aun si sus adquisiciones no son tomadas en cuenta, solo el 53% del dinero se gastó mediante Sicop.
El gobierno alega, en favor del Conavi, la existencia de contratos anteriores, tramitados mediante CompraRed. Esos proyectos se van ejecutando en el tiempo y resulta engorroso cambiar de plataforma a medio camino, dicen los responsables. Pero la Casa Presidencial, llamada a dar el ejemplo, tampoco hizo sus compras por medio del Sicop.
De las 58 entidades gubernamentales citadas, 19 transaron más del 90% de sus adquisiciones por medio de Sicop. Eso demuestra la posibilidad de utilizar el nuevo sistema. Cuatro ministerios también emplearon la plataforma para contratar a sus proveedores, pero el resto se mantuvo apegado al trámite anterior.
La disparidad en el uso de la nueva plataforma preocupa en vista de las múltiples dilaciones y obstáculos experimentados hasta la fecha. La evaluación del Sicop, para medir su utilidad de cara a la transparencia, los precios y la eficiencia de las compras públicas no será posible mientras la plataforma única no cobre plena vigencia.
La plataforma digital debe incrementar la transparencia porque la ciudadanía y los propios proveedores están en capacidad de vigilar los procesos. Por esa misma razón, se cree posible abaratar el costo final de los bienes y servicios en un 20%, dado el clima de competitividad y la eliminación de trámites y papeleos costosos en tiempo y dinero.
Mer-Link venía siendo utilizado con éxito en gran cantidad de instituciones desde la administración pasada. Municipalidades como la de Grecia consideran el empleo de la plataforma como una experiencia transformadora. Lograron ampliar su base de proveedores, muchos de ellos domiciliados fuera del cantón, y así obtienen mejores precios.
Una ley aprobada por la Asamblea Legislativa en julio, promovida por el diputado Ottón Solís, concede un último plazo para la adopción de un sistema único de compras. El plazo sobrepasa en un año la fecha del 31 de diciembre fijada por la administración para eliminar CompraRed en la administración central, pero le es aplicable a todo el sector público.
Lo más importante de la ley es que elimina los impedimentos enfrentados por el gobierno para imponer el uso de una sola plataforma fuera de la administración central. Así, el nuevo sistema de contratación abarcará a las instituciones descentralizadas y autónomas. La potestad de conseguir el objetivo perseguido durante años descansa ahora en el Poder Ejecutivo. Solo de él depende la aplicación de una de las iniciativas más importantes en favor de la ética y la eficiencia en la función pública.