Coherencia fiscal

Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben dar el ejemplo

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

El presupuesto extraordinario remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa suscita incertidumbre y confusión, por su monto, por sus abruptas variaciones y por algunos rubros evidentemente innecesarios.

El Gobierno debe brindarles al país y a los diputados una explicación nítida sobre este presupuesto, revisarlo integralmente y corregir, podar o eliminar todos aquellos gastos que puedan conceptuarse como superfluos o no esenciales. Se trata de una cuestión de coherencia, de transparencia y de buen ejemplo, en un momento en que todos los esfuerzos del Estado --del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de las instituciones descentralizadas-- deben orientarse hacia la parsimonia fiscal y a la administración estricta de los recursos públicos.

En este presupuesto destacan, más por su carácter ejemplarizante o moral que por su volumen, un conjunto de partidas específicas que, según referencias legislativas, ascienden a 1.758 millones de colones. Su desglose impresiona por su destino: remodelaciones de estadios de futbol, vuelta ciclística de independencia a Centroamérica, mobiliario, equipo y antena de una televisora, gastos operativos de clubes deportivos, vuelta ciclística a Guanacaste y otros. Aunque, como se ha dicho, algunas de estas no son nuevas, sino reposición por haber utilizado estos recursos en otros menesteres, queda claro que las partidas específicas constituyen un intolerable abuso.

Las partidas específicas no obedecen a un planeamiento previo, con fines económicos o sociales en nuestras comunidades, ni su uso y administración se somete a un control preciso de orden financiero o de resultados. Por el contrario, basta leer su distribución para advertir que no son sino regalías de los diputados, extraídas del fondo de los recursos públicos. De aquí su trasfondo político, electoral y, muchas veces, personal, y la ausencia de criterios técnicos y de recta administración en su otorgamiento y aprovechamiento. Este exceso debe eliminarse.

Este es el momento más inoportuno para incurrir en los errores denunciados en el presupuesto extraordinario. No riman estas deficiencias con el espíritu que guió el proyecto de garantías económicas, con el establecimiento de nuevos tributos y el consiguiente sacrificio exigido a los contribuyentes, con el empeño de la reforma del Estado y la voluntad de ordenar, en sus causas estructurales, la casa fiscal, a fin de atacar el terrible virus de las tasas de interés que ata el vuelo de nuestra economía. En fin, debe haber correspondencia --técnica, legal y moral-- entre este presupuesto y otras propuestas nacionales.

Aun hay tiempo de corregir las desviaciones presupuestarias apuntadas y de demostrarle al país que, en verdad, no hay excepciones, que los males se van a corregir en su raíz, que los diputados van a conjugar sus promesas con sus hechos y que el Ministerio de Hacienda va a proceder con entereza y extremo rigor en lo que le compete. De aquí debe venir el ejemplo. Cualquier fisura o concesión en esta materia desconcierta y desalienta, máxime en estos tiempos cuando ojos y mentes observan fijamente la conducta de cada uno de los poderes del Estado.