Un cobarde difamador aprovecha la página dedicada por la cadena estadounidense CNN a difundir contribuciones del público, para diseminar falsas informaciones de un contubernio entre el expresidente Óscar Arias, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, la prensa, en particular La Nación, y varios periodistas nacionales de renombre, incluidos tres de este diario.
Según la trama, Sobrado obedece órdenes de Arias para manipular las elecciones del 2014. En un supuesto correo electrónico dirigido al expresidente e interceptado por hackers jamás identificados, el magistrado comenta la tranquilidad que le proporciona saber que “los pagos al diario La Nación se han realizado con normalidad, ellos saben muy bien lo que deben publicar”.
En cuanto a nosotros concierne, no pedimos al cobarde autor de las notas producir prueba alguna. No existen. La Nación no acepta sobornos ni se presta para conspirar contra el proceso democrático. Por lo pronto, solo le exigimos dar el paso al frente, identificarse y asumir su responsabilidad por lo dicho. No lo hará, porque eso no está en la naturaleza de quienes actúan con semejante bajeza.
Dar la cara es mucho pedir a un cobarde que, sin el menor escrúpulo, aprovecha el espacio abierto por CNN, con escaso control de su parte, para engañar a los costarricenses más incautos, haciéndoles creer alguna participación de la prestigiosa firma internacional en las calumnias proferidas.
Con ese sello de presunta legitimidad, no con su nombre porque, por supuesto, las notas no están firmadas por persona alguna cuya identificación sea posible, el delincuente difama al Tribunal Supremo de Elecciones, a su presidente, a un exmandatario, a la esposa del candidato presidencial liberacionista, a los principales medios de comunicación y a varios de sus periodistas, atentando de paso contra la legitimidad del proceso democrático, orgullo de los costarricenses.
Por suprema ironía, la nota elogia a dos medios electrónicos que irresponsablemente reprodujeron los infundios al abrigo de su supuesta difusión por CNN, como si la reproducción de un texto apócrifo, sin el menor sustento probatorio, pudiera reclamar amparo de la ley y de las más elementales normas de la ética periodística. No harían mal en consultar a sus abogados.
Candidatos de alguna agrupación de políticos fracasados también parecieron dar credibilidad a lo publicado, no obstante la clara advertencia, visible en la parte superior de la pantalla, de que los textos publicados en esa sección no son revisados por CNN. La cadena noticiosa también se apresuró a eliminar las mentiras del sitio, apenas tuvo noticia de su inclusión, porque las encontró violatorias de los lineamientos establecidos por la sección iReport y sus condiciones de uso.
Quizá para eludir el control ejercido por CNN una vez enterada del caso, la segunda nota lleva una firma diferente, a partir de la cual tampoco es posible identificar al autor. Ninguna de las dos notas cita fuente alguna, salvo la supuesta correspondencia electrónica entre el presidente del TSE y el exmandatario, y la afirmación de que “esta semana se han presentado las pruebas que vinculan directamente a periodistas” con la recepción de sobornos.
¿Dónde fueron presentadas?, ¿quién las ha visto?, ¿hay algún detalle capaz de acreditar la veracidad de la supuesta correspondencia interceptada?, ¿ha podido alguien examinarla?
Si no fuera inútil, porque eso obligaría al difamador a dar la cara, le pediríamos presentar cargos, vista la gravedad de los hechos. A falta de la valentía necesaria, ¿sería mucho pedirle hacerlo al abrigo del anonimato? Para iniciar una investigación, al Ministerio Público le bastaría la notitia criminis y algún elemento que la sustente, sin necesidad de tener frente a sí al denunciante.
El difamador también señala que La Nación no se había referido a las publicaciones. Lo hacemos ahora, con toda claridad, y, si no lo habíamos hecho antes, fue para no dar a la infamia un lugar inmerecido. Cambiamos de opinión al ver la insistencia del cobarde ataque y su desbordamiento hacia tres redactores de este diario, vilipendiados en lo personal.
También es importante alertar a la sociedad sobre el uso bastardo de la Internet en general. Como las víctimas de esta infamia, ningún ciudadano está a salvo de verse difamado o calumniado por enemigos anónimos. En este caso, además, el ataque se dirige contra el sistema democrático, del cual el Tribunal Supremo de Elecciones es un garante fundamental.
Internet, con todas sus maravillosas ventajas, implica también graves peligros. La mejor solución es la madurez de la audiencia, al punto de distinguir la mentira sin sustento de la información verdadera y a los medios de comunicación legítimos de otros que, con agendas preconcebidas y escasas barreras éticas, posan como organizaciones periodísticas.