Roy Murillo, juez de ejecución de la pena de San José, ordenó el cierre de la cárcel de San Sebastián, reconocida como una de las peores del país, dado el hacinamiento y las pésimas condiciones de vida. Xinia Solís, su homóloga en Alajuela, prohibió el ingreso de más reos al ámbito B de La Reforma.
Ambos fundan sus resoluciones en el respeto a los derechos humanos, un poderoso argumento cuya pertinencia no puede ser discutida con vista en las condiciones de nuestro sistema penitenciario, siempre rezagado en las listas de prioridades gubernamentales y nunca elevado a los estándares propios de una democracia moderna.
Los dos jueces coinciden en señalar la tardanza y aparente resignación de los gobernantes. El Ministerio de Justicia ha tenido tiempo suficiente para resolver el problema, dice Murillo. Solís reprocha a la administración su desgano y el desplazamiento de la responsabilidad a los factores que determinan el crecimiento de la población penal. Entre ellos, afirman las autoridades de Adaptación Social, están los jueces.
Reynaldo Villalobos, director de esa dependencia, se queja por la falta de aplicación de las medidas alternativas previstas por la ley. “Nos piden bajar el hacinamiento, pero nos siguen mandando gente”, argumenta con una lógica tan poderosa como la empleada por los jueces en sus resoluciones.
Pero unos y otros deben recordar que en el medio hay una sociedad merecedora de protección e inclinada a endurecer su opinión sobre la política criminal y penitenciaria cuando repunta la delincuencia. Armonizar ese reclamo con el respeto a los derechos humanos de los detenidos es el imperativo del momento. Desafortunadamente, el país no puede vivir sin cárceles, pero tampoco con la vergüenza de las condiciones existentes en muchas de ellas.
Frente a la crisis, el Ministerio de Justicia plantea una salida sensata. Pide tiempo para concluir 4.000 nuevas plazas y promete tenerlas listas a más tardar en el 2018. Una parte de ellas estará en condiciones de albergar reos en abril del 2017. Los jueces se muestran escépticos y, a juzgar por el pasado, tienen razón. Sin embargo, en esta oportunidad las obras están financiadas y algunas ya entraron en la fase de ejecución.
Un plan de cumplimiento, observado de cerca por los jueces, parece una solución sensata. Las medidas más radicales pueden tener consecuencias negativas, tanto políticas como sociales. El país ha avanzado en su política criminal. La existencia de medidas alternativas, aunque su aplicación sea todavía insuficiente, es una muestra del progreso. La Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley para racionalizar el castigo de los hurtos de poca monta y en días recientes se ha puesto sobre el tapete el tema del tratamiento dispensado al problema del “narcomenudeo”. No es hora de arriesgar una reacción social como la suscitada por la reincidencia de reos liberados en cumplimiento de órdenes judiciales fundadas en inobjetables razones de protección a los derechos humanos.
La crisis del sistema penitenciario está planteada desde hace años y la pérdida de paciencia de los jueces es comprensible. La Sala Constitucional y los juzgados han emitido infinidad de órdenes para exigir soluciones y los resultados son pocos, pero si en esta ocasión el Ministerio de Justicia asume el compromiso en serio, es importante mostrar la flexibilidad necesaria para no poner a la ciudadanía en riesgo y tampoco arriesgar cuanto se ha avanzado en la aceptación de soluciones más adecuadas al problema de la delincuencia.