La Escuela de Educación Técnica del Instituto Tecnológico puso a disposición de los centros educativos públicos y privados un programa de certificación de calidad encaminado a destacar el mérito y servir de acicate para el mejoramiento de los servicios ofrecidos.
Los interesados deben ejecutar una autoevaluación, fijar metas y cumplirlas. En el Colegio Técnico Profesional de Carrizal, en Alajuela, los esfuerzos en busca de la certificación produjeron un avance de ocho puntos en la estadística de promoción, y ahora el 92% de los alumnos consigue aprobar el año.
La mejora responde al impulso concertado entre estudiantes, profesores y padres de familia. El avance se consiguió en dos años, pero no puede haber retroceso so pena de perder la certificación, como le sucedió a un centro educativo. Hasta ahora, solo una docena de colegios ostenta la distinción en San José, Alajuela, Cartago y Limón. Otros 38 intentaron obtenerla sin éxito.
Esos números demuestran el rigor de la prueba y la autenticidad del compromiso con la calidad. Ese rigor es la principal fortaleza del sistema y, con el paso del tiempo, aumentará su credibilidad. Los encargados de esta afortunada iniciativa no deben olvidarlo ni ceder cuando las presiones apelen a las “curvas” en la calificación o a los argumentos del “pobrecito”, tantas veces socorrido en nuestro país.
El elevado número de intentos fallidos no debe conducir a relajar los criterios. Los 12 colegios certificados merecen distinguirse de todos los demás, y la medida de sus méritos es el rigor de la prueba. Los 38 colegios rechazados también merecen reconocimiento, tan solo por el valor de intentarlo y el implícito compromiso de mejorar hasta superar la prueba. Si algo queda por lamentar es que solo 50 colegios de los 634 existentes tuvieran el arrojo de someterse al procedimiento.
Una vez certificados, los liceos deben aceptar evaluaciones anuales, y cada dos años están obligados a revalidar la acreditación. El seguimiento implica un compromiso de las autoridades educativas locales con su comunidad, que finalmente cuenta con medios objetivos para saber si sus centros educativos cumplen a satisfacción o están en vías de mejorar.
La independencia de los evaluadores es también una ventaja. El Ministerio de Educación Pública (MEP) facilita el trabajo de los técnicos en los colegios y paga por el servicio, pero no es suya la evaluación. Esa autonomía del criterio evaluador es otro elemento de credibilidad.
La evaluación produce mejora, como se demuestra con la docena de colegios certificados hasta ahora. En el Colegio Técnico Profesional de Batán, en Matina, la subdirectora reconoce que la certificación les costó el esfuerzo de impulsar muchos cambios. El centro educativo mejoró la distribución de los espacios, la relación con los estudiantes y el desempeño de los profesores, ahora más motivados. En consecuencia, mejoró la promoción.
En Quebradillas de Cartago, la directora exaltó el fortalecimiento del compromiso con el aprendizaje, por cuya calidad también velan los estudiantes. La recompensa de esos logros para profesores, alumnos y padres de familia crea un círculo virtuoso donde el deseo de perfeccionamiento se alimenta de sí mismo.
El sistema ofrece a los certificados un estímulo moral. También hay una recompensa en los resultados educativos. Esa es la más importante, pero faltan incentivos concretos, y el MEP debe estudiar la posibilidad de ofrecerlos a los colegios estatales. Funcionarían como estímulo de la sana competencia y añadiría atractivo a la participación en el programa.
Desde la perspectiva del Instituto Tecnológico, la iniciativa es un medio útil y creativo de proyección extramuros. Ojalá consiga ampliar su influencia para beneficio de la educación nacional.