Estaban en máxima seguridad de La Reforma, un sitio reservado para los detenidos más peligrosos. Ahí debían permanecer otros seis meses, de conformidad con la prórroga de la prisión preventiva obtenida por el Ministerio Público en abril. Súbitamente, se les concede casa por cárcel, cesan las sospechas de su peligrosidad y se les asigna custodia policial a cuenta de los contribuyentes.
Dos mexicanos vinculados con la avioneta caída en el cañón del río Torres el 10 de octubre del año pasado, cargada con 177 kilos de cocaína, residirían a partir de hoy en un cómodo apartamento de Sabana Oeste de no ser porque el Ministerio de Seguridad Pública alegó no tener posibilidades de custodiarlos. A los hombres se les concedió la casa por cárcel mientras las autoridades terminan de substanciar su expediente donde, según el Ministerio Público, abunda la prueba.
La jueza Kattia Jiménez Fernández, encargada del caso, dictó la medida en consideración a los siete meses cumplidos hasta ahora en prisión preventiva, las pocas expectativas de obtener nueva prueba y la supuesta disminución del riesgo de fuga porque, en el mismo acto, decidió retenerles el pasaporte y les impuso impedimento de salida del país. No consideró, al parecer, que los hombres fueron detenidos un día después de caída la avioneta, cuando intentaban cruzar la frontera con Nicaragua sin pasar por el puesto fronterizo. En esas condiciones no hace falta pasaporte, como lo demuestran millares de inmigrantes indocumentados, y nadie revisa la existencia de impedimentos para abandonar suelo costarricense.
Tampoco se trata de personas con arraigo en el país y los ¢10 millones de fianza impuestos a cada uno representan una ínfima fracción del valor de la cocaína escondida en la avioneta. No alcanzan, tampoco, para pagar el costo de la nave ni las operaciones de la empresa de aviación establecida por los extranjeros en el aeropuerto de Pavas. La solvencia de los beneficiados queda también demostrada por la facilidad con que lograron establecerse en su nueva residencia, contratada por interpósita mano mientras permanecen en máxima seguridad. En el momento de su detención en la frontera, dijo el guardia civil que la ejecutó, ofrecieron pagar un soborno.
El caso parece un exhaustivo inventario de razones valederas para extender la prisión preventiva, no para conceder la casa por cárcel. Son razones de índole legal y lógica. Falta arraigo, hay solvencia, existe un juicio policial sobre posible peligrosidad, el expediente recoge abundante prueba, los delitos imputados son graves y se castigan con severidad. Sobre todo, hubo un presunto intento de fuga y soborno a menos de 24 horas contadas desde la caída de la avioneta.
Ahora, los habitantes del complejo de apartamentos capitalino podrían verse obligados a convivir con los custodios, sus medidas de seguridad y también con el riesgo que hasta ahora convencía a las autoridades de la necesidad de mantener a los detenidos en el ámbito de máxima seguridad. En ese caso, los costarricenses pagaremos el costo de custodiar a los detenidos, y sus vigilantes asumirán, también, los riesgos de vigilarlos en un sitio residencial, desprovisto de las condiciones necesarias para ejecutar la tarea con menos peligro y más comodidad. Las condiciones de vida de los sospechosos, en el interior de su apartamento, seguramente superarán las de sus custodios en los pasillos del edificio.
El cuadro no tiene sentido y demuestra la falta de preparación de nuestro país para encarar la delincuencia más peligrosa de nuestros tiempos. Es cierto, la prisión preventiva no puede ser entendida como un castigo anticipado y debe ser aplicada con prudencia. El Ministerio Público debe actuar con la mayor celeridad posible en aras de disminuir la población de indiciados en el sistema penitenciario y dar sentido al mandato de justicia pronta y cumplida, pero lo sucedido en este caso, por las razones apuntadas, se aleja mucho de la serena ponderación esperada de los jueces.
El poder judicial debe reparar, de una vez por todas, en casos como este. No es el primero, y la sucesión de incidentes mina la confianza de los ciudadanos y su compromiso con las garantías procesales bien entendidas.
Atenta, también, contra la seguridad de un país amenazado por fuerzas todavía mal comprendidas a juzgar por la ingenuidad de muchos actores de la política nacional.