El escándalo del cemento chino no debe pasar sin una clara determinación de responsabilidades, sean legales o políticas. La sanción es el elemento más añorado por una sociedad harta de contrastar sus carencias con la mala administración de los recursos públicos, sea por ineptitud o por corrupción.
La impunidad ya no es tolerable. Por eso la inacción del Ministerio Público suscitó tanta indignación. Por eso, también, hay cauto optimismo por el nombramiento de la abogada Emilia Navas al frente de la Fiscalía y el anuncio de sus primeras medidas para revitalizar la investigación de los créditos concedidos por el Banco de Costa Rica (BCR).
La nueva jefa del Ministerio Público tiene a cargo la delicada labor de recuperar la confianza en la institución. La tarea trasciende en mucho el ámbito de la Fiscalía y del Poder Judicial. La credibilidad del despacho encargado a Navas no determina la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad democrática, pero es un elemento indispensable para cimentarla.
Si la labor del Ministerio Público es selectiva, arbitraria u omisa, el sistema no podrá reclamar la fe de la ciudadanía en la administración de justicia y tampoco en la buena conducción de los asuntos del Estado, en especial la custodia y aprovechamiento de sus bienes. Por todos esos motivos, es imposible exagerar la importancia de sentar responsabilidades y aplicar sanciones.
Pero ese deseo de justicia no debe nublar la vista de una tarea igualmente importante. El escándalo y otros acontecimientos dejan al descubierto claras deficiencias del sistema financiero. Otros créditos fallidos, como los de Yanber y el parque industrial Hacienda San Rafael, en Desamparados, confirman la necesidad de hacer una revisión profunda.
Prácticamente ningún banco estatal se salva de las ramificaciones del caso del cemento, sea como financista o como sede de cuentas utilizadas por el importador para movilizar capital. Todos mantienen operaciones cuestionadas y, en muchas de ellas, el factor común es la presencia de deudores con importantes conexiones políticas.
La comisión legislativa nombrada para investigar los créditos del BCR nació con un mandato muy limitado. Su tarea es esclarecer lo sucedido con la importación de cemento y la venta de una planta hidroeléctrica a Coopelesca. Esa delimitación de la tarea es importante para evitar la dispersión, pero no debe crear la impresión de que en esos casos se agotan los problemas de la banca estatal. Y tampoco se agotan en ese banco.
La comisión ha contribuido a correr el velo para mostrar inconvenientes relaciones entre la política y la banca, importantes deficiencias administrativas, anarquía en lugar de gobierno corporativo y otros males. La imposición de sanciones corresponde a los tribunales y el país no debe esperarla de los diputados, salvo en el ámbito de las responsabilidades políticas. Sin embargo, hay derecho a esperar importantes recomendaciones para mejorar la conducción de la banca pública.
Los legisladores han visto desfilar una larga lista de testigos cuyas afirmaciones y contradicciones no dejan duda de las fallas del sistema y las oportunidades existentes para subvertir sus fines. Haríamos mal si nos contentáramos con el castigo. Es preciso hacer cuanto esté al alcance para evitar que los escándalos bancarios sigan arrebatándole la tranquilidad al país, la confianza a sus instituciones y los recursos a sus arcas. El episodio no solo debe cerrar con las sanciones impuestas a los responsables, sino también con los ajustes necesarios para no repetirlo.