El problema del financiamiento público a los partidos políticos trasciende la coyuntura electoral y las escasas actividades formativas desplegadas por las agrupaciones nacionales. Una y otra vez, los vicios comprobados en el manejo de esos fondos se desbordan sobre el gobierno electo para desgastarlo de forma prematura.
Los malos manejos de la campaña salen a relucir poco después de la toma de posesión, con la consiguiente pérdida de legitimidad y capital político. Luego, la fracción oficialista lanza cargos similares contra las de oposición y nadie queda sin salpicaduras. El electorado se hastía y el sistema como un todo sale perdiendo.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha ensayado diversos mecanismos de control, pero nunca ha conseguido navegar sin sobresaltos un proceso electoral. Ese resultado no es mancha para el TSE, sino testimonio de la infinidad de maniobras de los partidos políticos. Las irregularidades afloran en todas partes y de maneras insospechadas.
Ahora, la Asamblea Legislativa está a punto de reformar el artículo 96 de la Constitución Política para volcar el sistema de cabeza. Los partidos políticos ya no se verán obligados a justificar gastos para lograr el reembolso. Recibirán el dinero por anticipado y todo control del TSE se hará a posteriori, de conformidad con una legislación a la fecha inexistente y que debería estar lista cuando la reforma constitucional entre en vigor.
Si el sistema vigente de reembolso de gastos contra su debida justificación ha sido insuficiente para evitar los escándalos de cada cuatrienio, hay razones para dudar de la eficacia de un control posterior. Recuperar el dinero gastado ilegalmente sería casi imposible, según el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, pero vale la pena insistir en que el problema trasciende la buena administración de los recursos nacionales para repercutir sobre la legitimidad de los funcionarios electos y, en última instancia, sobre la confianza depositada por los ciudadanos en el sistema.
Las actividades de organización y capacitación, de por sí escasas y de cuestionable calidad, también corren el riesgo de verse desmejoradas. La iniciativa impulsada en el Congreso por diputados de todos los partidos establece la obligación de girar los recursos para esos fines apenas pasadas las elecciones. En la actualidad, esa parte del financiamiento se gira por tractos, a lo largo del periodo no electoral, para garantizar la permanencia de las agrupaciones políticas. Una rápida mirada a las finanzas de la mayor parte de los partidos existentes en la actualidad permite prever lo que sucederá si los fondos se giran de una sola vez.
El nuevo sistema también dividiría la contribución en dos. Una parte sería entregada directamente a los partidos y otra se destinaría al financiamiento indirecto, es decir, a la compra de bienes y servicios por el TSE para distribuirlos de manera equitativa entre todas las agrupaciones. El planteamiento dependerá de una futura ley, cuyas características generales aún se desconocen.
Más preocupante todavía es que las leyes necesarias para ejercer el control de gastos a posteriori tampoco han sido redactadas y el propio presidente del TSE duda de la posibilidad de aprobarlas antes de las próximas elecciones. El país podría verse enfrentado a un proceso electoral gobernado por la reforma constitucional pura y simple, sin marco legal para el control del gasto, siquiera a posteriori.
Se trata de una inversión de ¢33.000 millones, gracias a una norma electoral transitoria recién aprobada para reducir la contribución estatal al 0,11% del producto interno bruto. Aun así, es una suma muy considerable y su mal manejo tiene graves consecuencias para la institucionalidad.