Costa Rica necesita un cambio radical, bien concebido, práctico y urgente de gestión para desatar uno de los mayores obstáculos que entorpecen nuestra competitividad económica y calidad de vida: una infraestructura sumamente precaria y casi colapsada, sobre todo en transporte, ante la cual el Estado pareciera estar, virtualmente, atado de manos.
En nuestro editorial del pasado martes nos referimos a la pésima coordinación para programar el traslado de servicios públicos, en particular cables, postes y tuberías, que demoran y encarecen las obras viales, con obvio perjuicio en todos los sentidos. Si hasta ahora ha sido imposible resolver un problema tan puntual como este, es fácil imaginar el grado de dificultad que enfrenta el planeamiento, diseño, licitación, adjudicación, supervisión y alineamiento normativo e institucional necesarios para la ejecución oportuna y eficiente de obras mayores.
Por algo Costa Rica ocupó el vergonzoso lugar 105 (entre 140 países) en la categoría “infraestructura de transporte” y el 115 en “calidad de carreteras” en el más reciente informe de competitividad (2015-2016) elaborado por el Foro Económico Mundial. Estamos ante una verdadera emergencia nacional que, particularmente en la Gran Área Metropolitana, ha adquirido dimensiones de crisis. Es hora de abordarla como tal.
En el segundo foro Visionarios 20/20, realizado el jueves 7 y organizado por La Nación con el apoyo de diversas empresas, un grupo de cinco profesionales, expertos y funcionarios analizaron en detalle el problema. Durante su análisis, dejaron claramente establecido, con abundante evidencia y dramáticos ejemplos, que la falta de planes nacionales de largo aliento, la inflación de normas desarticuladas –exageradas y a menudo redundantes–, la lentitud en la obtención de los permisos, los carteles mal elaborados, las apelaciones crónicas, las dificultades para expropiar, los malos diseños, la débil supervisión y la descoordinación generalizada son obstáculos mucho mayores que la falta de recursos. Más bien, en algunos casos se ha llegado al extremo de pagar intereses y multas por préstamos no utilizados, o incluso de perderlos.
Pero más importante que la puntualización de los obstáculos fue que en el foro también se discutieron soluciones posibles, en particular la planteada por la excontralora general de la República, Rocío Aguilar, y que consiste, esencialmente, en trabajar sobre dos vías. Una de ellas, que necesariamente será muy lenta, es la búsqueda de soluciones estructurales y a largo plazo a los imponentes problemas de regulación, planificación, gestión, coordinación y supervisión; la otra, de impacto mucho más inmediato, es la elaboración de una ley de contingencia, con plazo fijo de ejecución, para impulsar de manera expedita –pero con todos los controles necesarios– los proyecto de infraestructura ya financiados y no ejecutados, que en total cuentan con $2.750 millones. Se podría comenzar con los más críticos y avanzar hacia los otros desde las lecciones aprendidas.
El ministro de Transportes, Carlos Villalobos, quien no ocultó su frustración por el sistema actual, se manifestó receptivo a la propuesta. Su camino, lo sabemos, no será fácil. Por desgracia, el mal sistema actual cuenta con “clientelas” dentro y fuera del Gobierno, que podrían ver el cambio como amenaza. Pero ante un mal de tan devastador impacto y la creciente urgencia de resolverlo, deben prevalecer los intereses nacionales y estos impulsar las propuestas concretas del Ejecutivo y la acción del Legislativo.
Como en tantos otros ámbitos de nuestra vida, la situación, necesidades y desafíos de infraestructura están de sobra diagnosticados, lo mismo que las barreras que crea para el desarrollo y el bienestar. Si a estos se añaden buenas ideas para abordar el problema, la conclusión es obvia: no hay ningún motivo para mantenernos en la inacción.