La peligrosidad de nuestras carreteras y sus consecuencias contadas en número de muertos y heridos se posicionaron, con justicia, entre los grandes temas del debate nacional durante la larga y accidentada tramitación de la ley de tránsito. Poco ha cambiado desde su entrada en vigencia.
La normativa anterior había perdido todo poder de disuasión. Las multas se devaluaron al punto del ridículo y en nada afectaban las conductas temerarias que se suman al mal estado de la infraestructura vial para hacer de Costa Rica un país peligroso según los estándares internacionales.
El problema, sin embargo, no se resuelve con la nueva ley y el rigor de sus disposiciones. Es preciso aplicarlas, como argumentamos en los editoriales publicados a lo largo del proceso de reforma de la ley de tránsito. Lo importante no es la severidad del castigo, sino la certeza de su aplicación. La nueva y severa versión de la normativa aplicable a la circulación vial será letra muerta mientras impere la impunidad.
Vaya el lector a las inmediaciones del Museo de los Niños, sobre la carretera de cemento que comunica a Barrio México con la calle principal de Tibás, y poco antes de llegar a esa arteria advertirá, a la izquierda, una callejuela que baja hacia Cinco Esquinas. Poco tardará en observar vehículos que cruzan la pista, desde los carriles ubicados a la derecha, y bajan por la callecilla en contravía.
Las posibilidades de un accidente son muchas. Al intentar el ilegal giro a la izquierda, el conductor temerario puede ser embestido por el tráfico que viene en sentido contrario. Al bajar en contravía por la calle aledaña a la pista, puede encontrarse de frente con otro conductor, cuyo campo de visión se reduce por la curva y la cuesta ubicadas justo en el punto de salida a la pista.
Es tan solo un ejemplo de las arbitrariedades cometidas en nuestras calles con total impunidad. El lector sabrá de muchos más, prácticamente uno en cada esquina, pero el caso es significativo por el grado de peligro, la cantidad de normas violadas con un solo golpe de timón y la céntrica ubicación de la bocacalle.
La peligrosa maniobra ocurre decenas de veces por día, o quizá por hora, y el castigo previsto por ley es severo, pero a nadie le preocupa. La posibilidad de una multa, como bien saben los conductores, es remota. La policía de tránsito dice carecer de oficiales en número suficiente para controlar las vías y tiene razón. Es necesario fortalecerla pero, mientras tanto, quizá deba cambiar de táctica.
Un oficial ubicado en el fondo de la citada cuesta podría imponer multas al por mayor, todas inobjetables. Una veintena de policías ubicados en puntos similares, con la posibilidad de rotar sin patrón definido hacia otras zonas críticas, cuya identificación no ofrece ninguna dificultad, contribuirían a crear la impresión de vigilancia e infundir temor a los infractores. Para ser eficaces, los oficiales no deben ejercer margen alguno de tolerancia. Cada detención debe resultar en un parte. Si los vigilantes son pocos, hay razón de más para hacer valer su presencia.
Mucho contribuiría en estos esfuerzos la definitiva resolución de los problemas burocráticos que impiden la instalación del sistema de vigilancia con cámaras. El proyecto tiene demasiado tiempo de andar perdido por los laberintos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Años después de concebido, hubo un primer intento de ponerlo en práctica en el 2011, pero el fracaso fue casi inmediato.
Con las fallas de aquel momento subsanadas, según se espera, la junta directiva del Cosevi no puede poner el sistema a funcionar por falta de cuórum para sesionar. La directora nombrada para llenar la plaza vacante asumirá el cargo la semana entrante, si La Gaceta hace la publicación de ley. Veremos, entonces, cuánto tarda la vigilancia electrónica para poner su grano de arena en la solución de un problema que tantos años hemos lamentado, tantas veces quisimos resolver y demuestra ser intratable con la mera promulgación de una normativa severa.